Representantes de comunidades aborígenes del NOA vinieron a Buenos Aires y se instalaron el jueves desde la mañana frente al Congreso. Sabedores de los grandes intereses que presionan por evitar la prórroga de la llamada Ley de Tierras Indígenas (26.160) y del riesgo que corren con el aplazamiento que venía anunciado el gobierno. Montaron su reclamo en Entre Ríos y Rivadavia, colgaron sus pancartas, comenzaron a repartir volantes desde temprano, son pocos, pero representan a muchos. Mientas tanto en el Senado, Miguel Pichetto, Ángel Rozas y Federico Pinedo cerraron filas y aplazaron el tratamiento para el 27 de septiembre, «en principio».

La senadora Magdalena Odarda presidenta de la Comisión de pueblos originarios exigió tratar el proyecto de los pampeanos Norma Durango y Daniel Lovera con excaso éxito debido a la oposición cerrada de los oficialistas y sus aliados. Este retraso muestra la intención del gobierno sobre un tema tan sencible que deja en mayor agonía a miles de omunidades aborígenes y que está en el foco de atención luego de la desaparición de Santiago Maldonado. Ambos temas están íntimamente ligados.  

Las voces de las comunidades del NOA han quedado relegadas por el protagonismo que tomaron los reclamos mapuches en los medios por todas las operaciones que se realizaron contra ellos. Es importante mencionar que la mayor parte de las comunidades se encuentran concentradas en el noroeste del país. Walter Barraza, del pueblo tonokote; Néstor Jerez, del pueblo Ocloya; Néstor Gabriel Velázquez, del pueblo Guaraní, son tres de los referentes, que ya saben que el gobierno se las “ha jugado de nuevo”, y a pesar de ello hablan y le explican la situación a cada peatón que los ve con la whipala y se acerca a preguntar qué están haciendo allí.

Los tres concuerdan en que el escenario de la represión en que tuvo lugar la desaparición forzada de Santiago Maldonado es el territorio de las comunidades aborígenes, que están en permanente acoso por terratenientes y empresas dedicadas a la minería, la tala, el petróleo, el avance de la frontera agrícola ganadera. La prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

Tierra y territorio. La posesión de la tierra es un tema de Derechos Humanos, pero ¿es lo mismo tierra que territorio? Por la desaparición forzada de Santiago Maldonado en la Pu Lof resistencia de Cushamen, el último mes la palabra territorio ocupó parte del vocabulario de los argentinos, pero ¿es sinónimo de territorio? “Hay una diferencia abismal –explica el camache Barraza–. La tierra habla de propiedad privada, es un concepto mercantilista y, en cambio, el territorio nos incluye a nosotros como personas, por eso es obligación cuidar la naturaleza. Los originarios vivimos en armonía con los hermanos animales, las plantas, el agua, nosotros somos parte del territorio, que nos da todo lo que necesitamos. Talar es como si nos amputáramos un miembro. La cultura occidental tiene otra mirada. Ellos vienen por los recursos naturales y nosotros vivimos en armonía con esos recursos”, redondea la idea Barraza.

Volviendo a la Ley 26.160 sancionada el año 2006, además de ordenar el relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades originarias, los protege de desalojos y suspende los juicios que penden sobre ellos por este tema. Desde Amnistía Internacional hasta el CELS han iniciado campañas para visibilizar la gravedad de la situación si no se cumple con la renovación, ya que el 70% de las comunidades no tienen el relevamiento realizado.

Frente al Congreso, Tiempo Argentino dialogó con ellos, cada uno carga historias de violencia en su cuerpo o en los de sus hermanos, y poseen un mismo reclamo. El cacique Néstor Jerez del pueblo Ocloya cuenta que vinieron a Buenos Aires con organizaciones de los pueblos indígenas reunidos en OPI-NOA, que reúne comunidades de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. “Llegamos para exigir que se apruebe de manera urgente la prórroga de emergencia territorial. Esta demora es un mal presagio, pero que no nos hará retroceder. Si con la vigencia de la ley, venimos sufriendo persecución, amenazas, intentos de homicidios, alambrados que avanzan con los usurpadores, tala indiscriminada, minería a cielo abierto que nos contamina el agua, desnutrición infantil, entre otros males”, detalla.

Para el cacique Jerez, “la ley es una herramienta fundamental para frenar a los terratenientes que avanzan sobre nuestros territorios y nuestros derechos. Nosotros nos defendemos legalmente de los territorios que poseemos ancestralmente. Al no tratarse hoy, se corre un riesgo enorme, porque se viene una zona liberada en las 2000 comunidades que convivimos en el territorio argentino”.

Walter Barraza se presenta en quichua, y luego traduce. Es el camache (autoridad) de la comunidad Tonokote de Santiago del Estero. A pesar de ser uno solo de su pueblo frente del Congreso representa al Consejo de la Nación Tonokote-Llutky que reúne a 38 comunidades. Él también cuenta de los desalojos, intimaciones y amenazas que se siguen dando aún con la ley vigente y las dificultades que enfrentan para hacerla valer. “Con estos antecedentes, el riesgo es que si no se renueva la prórroga habrá una masacre en nuestros territorios. Hay una catarata de pedidos en la justicia esperando que no se renueve y echarnos de nuestra tierra. Y claro que nosotros no vamos a aceptar irnos. ¿Entonces qué va a pasar? Además, los terratenientes y usurpadores están esperando que no se prorrogue para entrar con el alambre.”

Barraza denuncia que de las 38 comunidades tienen judicializadas 15, “falsamente denunciadas con la vista gorda de la justicia”. Como ejemplo pone el caso de la comunidad Potrillo Pozo que tiene una sentencia firme a favor del usurpador y sólo está esperando la caída de la prórroga para tomar posesión. Se trata de un territorio con 70 familias, con escuelas, con iglesias… ¿Cómo hizo para comprar todo eso? La justicia tiene estos dictámenes ridículos.”

Luego explica que el retraso en aprobar el tratamiento de la prórroga se produce por las características del nuevo gobierno, “en el que la represión se da con mucha facilidad, la difamación de los pueblos originarios se da con mucha facilidad. ¡Cómo puede ser que se nos llame terroristas, que se inventen mil y una mentiras sobre nosotros y nadie del Poder Ejecutivo, del INAI, salga a decir que eso no es real! Es que, digamos la verdad, muchos legisladores son terratenientes y encuentran en no dar lugar a la prórroga la medida ideal para sus intereses.”

“Además toda esa falsa información que hacen circular hace dudar a la población de nuestra causa justa y noble –continúa Barraza–. Hasta hacen dudar a nuestra propia gente, porque el bombardeo de información es muy fuerte y dudan que las leyes vigentes se puedan cumplir. El hecho de Santiago Maldonado es paradigmático, era un compañero comprometido con la causa. La falta de voluntad del gobierno es evidente.”

Néstor Gabriel Velázquez, gurwiche aguazu, jefe de la de la comunidad A orillas del río, de la localidad de Santa Clara, en la yunga jujeña, es representate del Consejo Continental de la Nación Guaraní. Cuenta situaciones similares a las de sus compañeros. El lunes antes de tomar el micro a Buenos Aires, por ejemplo, fue intimado por el terrateniente Carlos Franzini para desalojarlos de su territorio. “Vienen haciendo esto con cada familia”.

Velázquez meciona apellidos conocidos por todos los argentinos, las familias Francini y Blaquier: “Ellos avasallan nuestros derechos porque quieren ampliar sus plantaciones azucareras y de soja. No sólo no respetan nuestra tierra, sino que tampoco nuestros derechos más elementales, y lo hacen con el amparo del gobierno. Desde que asumió Macri empezaron a hacer inteligencia sobre las comunidades y ejercen violencia policial.”

¿De qué viven en tu comunidad?“Nosotros vivimos de la siembra, pero hace diez años nos cortaron el agua de los sembradíos. Antes teníamos grandes chacos comunitarios, donde cosechábamos para toda la comunidad, ahora sólo nos queda sembrar al lado de cada casa en espacios de 6 por 3”, relata Velázquez, para completar un mapa de la endeble situación en que viven las comunidades y del porqué se hace imprescindible la prórroga de la Ley 26.160.

Atentados

El cacique Néstor Jerez sufrió un intento de homicidio este 18 de agosto por parte del terrateniente Daniel Bersini, vinculado a Papel NOA y al ministro de Producción de la Nación. “No se trata de un hecho aislado y hay una connivencia del Estado con estas situaciones”, dice. Y luego relata el último intento de homicidio que sufrió al intentar ingresar a su territorio: “Al grito de ‘te voy a cagar matando indio mechudo’ y ‘vas a desaparecer como Maldonado’, Bersini me arremetió con su camioneta mientras su encargado Ariel Amaranto (sobre quien pesan denuncias desde 2010, por casos similares) me disparó varias veces. Esto se verificó con el ayudante del fiscal el 24 de agosto. Pero, hay muchísimos otros casos, como la familia de El Antigal-Pueblo Tilian, que ha sufrido matanza de animales por parte de los Bárcenas, ligados familiarmente con el gobernador Gerardo Morales. Los casos son muchísimos desde hace años.”

Walter Barraza cuenta un caso más de los atropellos que sufren y del encubrimiento de la justicia: “En Santiago del Estero, en la comunidad Taco Sombriana, en Añatuya, metieron presos a dos hermanos, del 5 de diciembre al 5 de enero, en una cárcel con 45° de calor. Al final el juez los dejó salir por falta de pruebas, pero les hicieron comer las fiestas adentro. Esta violencia institucional es para disciplinar”, define para que quede clara la intención de los abusos y los participantes: una denuncia sin pruebas de un capataz, una fiscal que pide más tiempo de cárcel sin investigar y un juez que avala todos los hechos.

A estos casos, que son decenas, se pueden agregar que los wichí Agustín Santillán y Víctor Hugo Delgado que estaban a punto de recobrar su libertad fueron procesados por “Robo calificado por el uso de arma de fuego” con lo que seguirán presos por causas armadas por la Justicia formoseña con un único objetivo, disciplinar a los wichi.