La jueza federal María Servini rompió lanzas con el gobierno. Luego de su sorpresiva renuncia a la subrogancia del juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires, le reconoció al periodista Gabriel Morini, del diario Ámbito Financiero, que recibió “presiones como nunca antes” en su dilatada y controversial carrera judicial. No sólo ella, y por ese cargo. También hay presiones para que cese en su cargo de jueza electoral de la Capital Federal. Y uno de sus hijos, que realiza una suerte de auditoría en el Consejo de la Magistratura, fue amablemente invitado a dar un paso al costado. Todo, en la víspera del inicio de un año electoral que se insinúa como decisivo para el futuro del gobierno de Cambiemos.

Nunca, desde 1983, se pudo comprobar que una elección haya sido adulterada mediante la manipulación del proceso a cargo de un juez electoral. Abundan las sospechas y las versiones en el imaginario popular, pero lo concreto es que jamás se ha probado que una elección en la que fue ungido el candidato “x” haya sido, en realidad, ganada por el candidato “y”.

Servini ya no es jueza del mayor distrito electoral del país. Tampoco lo era hasta hace un año; su fluido diálogo con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici (sindicado por aliados al gobierno como operador ante los jueces federales) y su rechazo a todo lo que esté teñido con el anterior gobierno, convertían a la longeva jueza en una aliada (una más) de Cambiemos en Tribunales.

Algo cambió. Hace algunas semanas, Servini se despachó con una catarata de denuncias en el programa de radio del presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, sobre “presiones” que estaba padeciendo. Pocos días antes, cuando ese “algo” que se rompió aún no se había roto, la jueza dijo algo así como que “ahora sí se puede trabajar”.

Ahora no sólo salió de la justicia electoral provincial sino que también el piso se mueve bajo sus pies en la Capital Federal. Servini es jueza federal con “competencia electoral”. Si renunciara a esa competencia, seguiría siendo jueza penal, pero las elecciones las supervisaría otro magistrado.

No necesariamente tiene que ser un juez penal federal. De hecho, la Junta Electoral Nacional suele estar integrada por jueces de otros fueros, como el Contencioso Administrativo Federal, el Civil y Comercial Federal y hasta el de la Seguridad Social.

«Esto yo no lo he vivido con ningún Gobierno. Estos no dejan de ser aprietes y en 42 años de justicia no los he vivido nunca», denunció Servini en diálogo con Morini, de Ámbito Financiero.

El operativo de pinzas sobre Servini llegó hasta su hijo, Juan Carlos Cubría, Administrador General del Consejo de la Magistratura. Ayer, la flamante presidente del cuerpo, Adriana Donato, lo llamó a una reunión a la que el hijo de la jueza no fue. La propia jueza deslizó que había “presiones” para que abandonara su cargo, y las miradas están orientadas al Ministerio de Justicia.

El manejo del gobierno ante los jueces ha causado en un año un fastidio que sólo comenzó a vislumbrarse durante la anterior administración después de siete. La ruptura entre el kirchnerismo y los jueces se produjo durante el segundo gobierno de Cristina Fernández la sensación de hartazgo que experimentan muchos jueces contra las actuales autoridades es mucho más temprana.

Servini tiene espalda, historia y edad suficiente como para asomar la cabeza. Pero no es la única que experimenta esas sensaciones.