La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó este lunes el acto de señalización de la Base Aérea Reconquista, un espacio que funcionó como centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar. Quienes sobrevivieron al genocidio estatal contaron que allí permanecieron secuestrados hombres y mujeres que luego fueron liberados, llevados a otros centros clandestinos y a distintas unidades penitenciarias del país.
“Realizamos las señalizaciones porque hubo decisión política de hacer una reparación en materia de Derechos Humanos”, aseguró Horacio Pietragalla Corti a Tiempo. Siguió relatando que pretenden que “esto sea una política de Estado que abrace a todos”.
“Para homenajear a nuestros compañeros y compañeras que ya no están con nosotros debemos defender el proyecto político por el cual ellos perdieron la vida”, expresó el secretario. Continuó aseverando que lo “peor que nos puede pasar como sociedad, es que vuelva un gobierno neoliberal”.
El primer cartel -que se enmarca en el plan de federal de señalizaciones de sitios de memoria– se colocó en la Base Aérea Reconquista; el segundo se instaló este martes en la Unidad Penal de Coronda, donde permanecieron detenidas más de mil personas perseguidas por razones políticas desde 1974 y se extendió hasta el final de la última dictadura cívico-militar.
A partir del golpe del 24 de marzo de 1976, la cárcel quedó bajo el control operacional de la Gendarmería Nacional: “Y los presos políticos fueron sometidos a un régimen de exterminio físico, psíquico y moral muy cruel”, reconstruyó Pietragalla Corti. Además fue un lugar en el que se “legalizaron las desapariciones de compañeros y compañeras detenidas que provenían de distintos centros clandestinos”, agregó.
Los militares y policías responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en estos predios durante el terrorismo de Estado fueron condenados por el Tribunal Federal de Santa Fe en 2013 y 2017.
Plan federal para la memoria
El plan federal de señalización de ex centros clandestinos de detención está alineado en el marco de lo establecido por la Ley Nacional N° 26.691. Se trata de una política que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lo hace con el objetivo de visibilizar y expresar en el espacio público el compromiso del Estado argentino-democrático con estos casos de desapariciones forzadas de personas.
La norma establece dar a conocer y condenar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y los que suceden en el presente. Indica que hay que acompañar el juzgamiento de sus responsables haciendo -de este modo- un reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.
Participantes
Estuvieron presentes: el secretario Horacio Pietragalla Corti; la directora Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol; la secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, Lucila Puyol; la subsecretaría Anatilde Bugna; la directora de Memoria, Verdad y Justicia de la Provincia, Valeria Silva; y el secretario de Cultura y Deportes del Municipio de Reconquista, Lucas Ferro y José Luis Maulin Pratto, quien compartió la historia de su lucha por recuperar su verdadera identidad y reencontrarse con sus padres y hermanos.
