Hay una extraña sensación en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Señales sutiles (y no tanto) que parecen indicar que al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, le costará reconstruir poder en torno a su figura. Eligió ser prescindente (por lo menos en lo formal) en dos de los episodios que causaron escozor en el más alto nivel del Poder Judicial. Y los dos le dejaron magulladuras.

Uno de esos hechos fue la remoción del administrador del Consejo de la Magistratura, Juan Carlos Cubría, y su reemplazo por Agustín Cinto, un joven de 28 años puesto allí directamente por el presidente, Mauricio Macri. El otro, la decisión de un juez de primera instancia que avaló la continuidad de Elena Highton de Nolasco más allá de diciembre próximo, a pesar de que el gobierno manifestó públicamente lo contrario.

El presidente de la Corte no quería a Cubría, hijo de la jueza federal María Servini, en ese cargo desde el que manejaba los millonarios fondos que abastecen a una parte del Poder Judicial, excluyendo a la Corte. Cubría tenía una mirada crítica sobre la gestión de Lorenzetti y del administrador de la Corte y hombre de su absoluta confianza, Héctor Marchi. «Era más un problema de Cubría con Lorenzetti que de Lorenzetti con Cubría», minimizaron en el máximo tribunal.

Cubría lamentó públicamente que mientras la Corte dispone de casi 11 mil millones de pesos colocados a plazo fijo en bancos oficiales como «fondo anticíclico», el resto del Poder Judicial padece edificios atestados de expedientes, equipamiento informático precario, juzgados colapsados y un déficit operativo creciente de 800 mil pesos mensuales. Hasta en los baños públicos del Palacio falta papel higiénico, toallas de papel.

La Corte «ahorró» esos 11 mil millones de que dispone. Pero entre los secretarios y prosecretarios del tribunal sostienen que esos plazos fijos no tienen forma de justificación. Cuando a un organismo público se le asigna una partida presupuestaria, debe ejecutarla y, si hay un remanente, devolverla. Sólo el juez Carlos Rozenkrantz reparó en ello con algún atisbo de crítica.

El depuesto administrador del Consejo objetaba también contrataciones, licitaciones, incluso el sistema de sorteo de causas, que quedó en entredicho después del extraño «cuelgue del sistema» que precedió a la asignación al juez Julián Ercolini de la investigación por la muerte de Alberto Nisman. Cubría debía meter las narices en áreas sensibles del Poder Judicial y su presencia comenzaba a ser molesta. Renunció antes de que lo cesaran, pero la aceptación de su dimisión estuvo precedida de elogios de varios consejeros a su honestidad. Se fue un funcionario que no le caía simpático a Lorenzetti pero el que llegó no es un hombre de su riñón. Cinto fue impulsado por el gobierno; fue el representante del Ejecutivo en el Consejo, el viceministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien empujó su designación, y la presidenta del cuerpo, la abogada Adriana Donato, quien sostuvo –trabajosamente– su nominación. Llega al cargo acompañado de cinco colaboradores y la promesa de una billetera capaz de solucionar muchos de los reclamos permanentes que formulan los tribunales de todo el país. Cubría iba en esa misma dirección pero con menos recursos y más imaginación: en los juzgados laborales porteños y en los federales de La Plata están felices porque les liberaron espacio que tenían ocupado por toneladas de papeles utilizando containers vacíos como depósitos. Una medida tan sencilla como barata.

La otra cuestión se resolvió el viernes por la tarde, cuando el juez Enrique Lavié Pico declaró la inconstitucioalidad de un artículo de la Carta Magna, y le permitió a Highton de Nolasco que después de cumplir 75 años continúe en el cargo. Para los jueces, Highton es «tropa propia», tiene pasado e historia en el polvillo de los tribunales y se recuesta como en el living de su casa sobre la Asociación de Magistrados. La que le dio la razón fue la corporación judicial. Nadie en la Corte aceptó, más allá de los formalismos, «bancarla» en su reclamo. Su triunfo es de una dimensión superior porque, a diferecia de los difuntos Enrique Petracchi y Carlos Fayt (quienes tenían como argumento que habían asumido con la Constitución anterior), ella juró por la Carta Magna reformada. Y allí figura el tope de los 75 años. Si la corporación judicial pretendió enviar un mensaje al poder político actual, con el que cada día está más disconforme, ese mensaje no tiene ni la firma, ni la presencia de Lorenzetti.