Un frágil conteo dentro de la Cámara Alta sobre el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito arroja una mayoría de 31 votos a favor, 30 en contra y once indecisos o tapados. Pero dentro de esos once, hay por lo menos cinco que quieren introducir modificaciones y devolver el proyecto a Diputados. Bajo el argumento presupuestario de que las provincias se tendrían que hacer cargo un debate que planteó el Ejecutivo, se esconden reformas estructurales contradictorias con el texto original. Este martes comienzan las audiencias y se espera a figuras de alto prestigio institucional para defender el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Afuera del Palacio, se activa la marea verde.

Las alarmas se encendieron cuando tres senadores cordobeses Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez, de Cambiemos, junto al peronista Carlos Caserio, adelantaron que querían introducir tres reformas al proyecto que viene con media sanción de Diputados. Quieren revisar la objeción de conciencia, las semanas hasta las cuales es posible realizar la interrupción y volver sobre lo que dictamina el Código Penal sobre los abortos por violación. A eso se le sumó la intención del jujeño Guillermo Snopek que elaboró –y todavía no presentó– un nuevo proyecto que, si bien se presenta a favor de la legalización, contradice en cuestiones centrales al texto original, lo que muestra intransigencia a la hora de negociar los cambios. Los senadores que están a favor apuestan a que los indecisos o los que quieran introducir cambios se abstengan de ir a la votación. Pero Caserio lo descarta de plano. «Nadie va a faltar. Yo estoy a favor, pero quiero discutir», sentenció.

El proyecto de Snopek propone que una mujer pueda hacerse hasta dos abortos en su vida, y establece que «deberá dársele participación activamente al padre del niño (…) en caso de que no sea violación (sic)». Este proyecto también pretende pedirles a las mujeres «el consentimiento expreso del cónyuge». Si bien Snopek no cuestiona las 14 semanas como plazo límite –como sí Caserio–, propone que en las consejerías de acompañamiento que llevarán a cabo profesionales de la salud, se intente «lograr el convencimiento de la persona gestante para que revierta  voluntariamente su decisión», plantea.

Otro senador que evalúa presentar un proyecto propio, que incluya la despenalización pero no garantice la legalización, es el salteño Rodolfo Urtubey. Todos los senadores que quieren introducir modificaciones son del interbloque Argentina Federal, que conduce Miguel Pichetto, abierto defensor del derecho al aborto y de la concepción laica del Estado.

«Él puede influir mucho en los que quieren cambiar el texto», se esperanza desde el FpV, la mendocina Anabel Fernández Sagasti. «La media sanción que salió es la mejor ley posible, siempre todas son perfectibles, pero es tiempo de que el Congreso amplíe derechos a las mujeres», sintetiza.

Es que el enojo de algunos senadores también pasa por el inesperado problema político que les delegó Mauricio Macri al ponerlos a debatir una cuestión que no esperaban y que los incomoda hacia adentro de las estructuras de poder de sus provincias. Es por eso que desde la Campaña por el aborto legal, seguro y gratutio adelantaron a Tiempo que intensificarán esta semana las actividades de militancia por el derecho al aborto en todas las provincias, con el objetivo de desactivar el prejuicio de que la lucha por la salud de las mujeres es cuestión de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

«Los derechos de las mujeres deben ser iguales en toda la Argentina. Las provincias no somos interior de nada. Es no conocer el resto de la Argentina», se quejó Fernández Sagasti. Ana Almirón, también del FpV, agregó: «Muchas veces nosotras somos replicadoras de esta ley y de sus alcances en nuestras provincias, porque la información llega distorsionada. Se dice que las provincias son conservadoras, pero yo creo que conservadores son los dirigentes. Nosotras vinimos para romper estructuras». 

Fernández Sagasti y Almirón forman parte de un grupo de coordinación transversal que también integran con sus compañeras de bloque María de los Ángeles Sacnun, Nancy González, María Inés Pilatti Vergara, junto a la pampeana justicialista Norma Durango, la radical Pamela Verasay y Humberto Schiavoni del PRO. Estos senadores también comenzaron a servir de puente para intercambiar opiniones con algunos de sus pares que se niegan a recibir a representantes de los colectivos que defienden este derecho.

Bandera verde de largada

Los plenarios de comisión que encabeza Salud, de Mario Fiad (en contra), e integran Justicia y Asuntos Penales de Pedro Guastavino (a favor) y Asuntos Constitucionales de Dalmacio Mera (indeciso) comenzarán este martes.

Para defender el derecho de las mujeres, los senadores que están a favor pretenden «darle volumen y profundidad al debate». Para eso cursaron invitación al ministro Adolfo Rubinstein, quien en Diputados aportó las estadísticas oficiales sobre el aborto legal como práctica garantizada por el Estado. También se espera la presencia de la exjueza de la Suprema Corte de Mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci y del rector de la universidad nacional de Rosario, donde se abrió la primera cátedra de aborto del país. «

Se deteriora el programa de salud sexual

En el marco del debate por la sanción de la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la consultora Polimnia elaboró un informe que revela el deterioro de la implementación del Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable, que depende del Ministerio de Salud.

En su informe, la consultora sostiene que el programa creado en 2002 por Ley 25.673, exhibe desde 2016 escasa asignación de fondos y baja ejecución presupuestaria. También da cuenta, tras el análisis de los datos oficiales, que el 94,5% del crédito presupuestario está asignado a la compra de productos farmacéuticos.

«El bajo cumplimiento de metas en 2016 en términos de entrega de tratamientos para salud sexual y reproductiva y distribución de preservativos ha sido alarmante», sostiene Polimnia. Los  tratamientos que se estimaba entregar en 2016 eran 16 millones. Esa cifra se redujo a 11 millones en 2017, número que se mantiene para el presente ejercicio. La distribución esperada de preservativos también bajó de 32 millones en 2016 a 29 millones en 2017, manteniéndose en esas cifras en 2018. «