El operativo realizado hace dos meses en la localidad rionegrina de Villa Mascardi por prefectos del Grupo Albatros para desalojar a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu (donde fue asesinado el joven Rafael Nahuel) no fue ordenado por el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, sino por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los funcionarios que la asisten en el «Comando Unificado» que creó el gobierno para garantizar la seguridad de los eventos vinculados a la realización de la Cumbre del G-20. 

Apenas el joven fue asesinado, Villanueva ordenó el secuestro de unas 22 armas de guerra que poseían los 20 prefectos que intervinieron en el operativo. De ese pelotón, hay ocho sospechados y sólo se conoce la identidad de seis: Francisco Antonio Lezcano, Guillermo Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Juan Ramón Obregón y Sergio Damián García. Casi todos tienen 19, 20 y 21 años, edad sumanente prematura para la conformación de un grupo de élite, creado originalmente para operaciones anti secuestro y maniobras anti terroristas. Los uniformados sospechosos, según pudo saber Tiempo, fueron velozmente trasladados a San Fernando, con autorización judicial. Desde entonces todos están lejos de la escena del crimen.  

La abogada Natalia Araya, que tiene a su cargo la representación de la familia, y es querellante dentro del expediente, explicó a este diario que ya tiene «descartado que la orden para los prefectos haya salido del juzgado». Y subrayó: «Funcionarios del Ministerio de Seguridad eran quienes estaban al frente del Comando Unificado por el G-20». 

Poco después del crimen Tiempo reveló que la Casa Rosada había conformado una mesa de crisis encabezada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y compuesta por la titular de la cartera de Seguridad; su secretario de Cooperación de Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané; el ministro de Justicia, Germán Garavano; su secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj; la interventora del Instituto Nacional, Jimena Psathakis; y el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Matías Garrido. En el análisis de la cadena de mandos que funcionó en esos días, los funcionarios implicados son la ministra Bullrich, su secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, el jefe de asesores Juan Pablo Noceti, y el subsecretario Cané, entre otros. Los dos últimos también fueron mencionados en la causa que investiga la desaparición y posterior muerte del joven Santiago Maldonado, durante la represión de Gendarmería Nacional sobre la ruta 40, en Esquel, el 1° de agosto pasado. 

Pericias clave

Las pericias sobre las pruebas no se detuvieron durante la feria judicial de verano. Un resultado concluyente se conocerá «el próximo 29 de enero», anticipó Araya. Para esa fecha el área de criminalística de la Policía de Río Negro definirá «si el proyectil que fue sacado del interior del cadáver de Nahuel coincide» con las estrías de las armas secuestradas. «En total son 23 y tenemos mucha confianza en ese resultado para determinar al autor material del disparo porque las armas están intactas y fueron secuestradas 40 minutos después de los hechos», detalló la querellante.

Ante la virulencia que desató el gobierno nacional durante el asesinato del joven, la querella de la familia de Nahuel se mueve con absoluta cautela, aunque ya quedó demostrado dentro del expediente que la versión oficial que lanzaron Bullrich y Peña durante los días posteriores  al crimen no se sostiene en los hechos. «Quedó demostrado en el expediente que los prefectos jamás recibieron un ataque de la población mapuche y tampoco hay asidero alguno para creer que dispararon balas de plomo para defenderse», detalló Araya.

Para la querella, el círculo sobre los responsables materiales está a un paso de cerrarse, aunque también hay un segundo capítulo vinculado a las responsabilidades políticas del asesinato. «Lo primero que tenemos que determinar es quién es el autor material que disparó. Al grupo ya lo tenemos determinado. Una vez que tengamos todas las pericias, pediremos las imputaciones para los autores materiales e intelectuales», confió la letrada. 

Si la semana que viene es identificado el responsable directo, la querella pedirá su imputación por homicidio calificado, que es castigado con cadena perpetua. «Si no determinamos al autor material, pero tenemos al grupo, la imputación será por homicidio en agresión y no en riña porque no hubo enfrentamiento, un argumento que difundió el gobierno, pero que se desmoronó durante la investigación. El resto de los sospechosos tendrán la responsabilidad de lo que les pueda competer, como respecto al procedimiento, donde utilizaron balas de entrada luego de haber dado la voz de alto», explicó Araya. 

Villanueva sigue al frente del expediente a pesar de los cuestionamientos que sufrió por sus problemas de dedicación como magistrado subrogante de Bariloche. El juez habilitó la feria judicial de verano para resolver quién mató a Nahuel, y quiénes impartieron las órdenes. «