Seis meses después del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en el marco de una investigación que inexplicablemente sigue separada del expediente por el ataque propiamente dicho, el Poder Judicial decidió revisar los archivos que el líder de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, Jonathan Morel, guardó y compartió en Google Drive, esa suerte de nube que registra incluso involuntariamente lo que cada persona hace y guarda en su computadora y sus dispositivos móviles.

¿Qué podría haber allí que eventualmente comprometiera a Montiel con el ataque a la vicepresidenta? Peor aún: si por casualidad u olvido apareciera algo en ese sentido, ¿podrían el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita –quienes ordenaron esa medida de prueba– utilizarlo como elemento de cargo por fuera de la investigación sobre actividades de odio con contenido político? La mera enunciación de la hipótesis ya presagia nulidades de todo tipo.

El mes pasado, los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi rebajaron la acusación que pesaba sobre Morel y sus virulentos amigos a una modesta «incitación a la violencia colectiva». El tercer integrante del tribunal, Mariano Llorens, directamente sostuvo que las arengas en las que Morel proponía que «los kirchneristas» deberían estar «presos, muertos o exiliados» (entre otras frases similares o aún peores) eran pronunciamientos que debían estar protegidos por la libertad de expresión.

El próximo miércoles, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo que depende de la Procuración General de la Nación, –el organismo a cargo del procurador general interino eterno Eduardo Casal– intentará hurgar en la «nube» de Morel. Para ello, le pidió al propio interesado que aporte las claves de acceso a un drive del que tiene dominio completo e irrestricto para modificar, borrar, sobrescribir, corregir u ocultar contenidos.

Morel pidió estar presente. El trámite judicial se realizará a las diez de la mañana en la Oficina de Criminalística de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la fuerza de seguridad que, al igual que la Policía Federal, está sospechada y bajo investigación por el borrado del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló dos veces a diez centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner.

Sabag Montiel está arrumbado y olvidado en una cárcel federal. Jamás se concretó su deseo de cambiar de abogado (continúa con la asistencia de un defensor oficial que consintió su procesamiento y lo encaminó rápidamente a un juicio oral tras el cual podría transcurrir en prisión los próximos 20 años) y según la versión oficial actuó solo, sin financiamiento, ni estructura, ni más motivación que su propio encono hacia la vicepresidenta. Otro detenido, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como «los copitos», Nicolás Gabriel Carrizo, llegó a declarar en indagatoria que Sabag Montiel atentó contra CFK ofuscado porque su novia (y supuesta cómplice), Brenda Uliarte, lo humillaba diciéndole que el youtuber Eduardo Prestofelippo, alias el Presto, era «más hombre» y «la tenía más grande que él». La construcción literaria asombra. Tal vez causaría gracia si no fuera que detrás de ella se oculta el intento de eliminar físicamente al personaje político que por amor o por rechazo es el más determinante del último medio siglo.

Para la jueza María Eugenia Capuchetti (quien será nuevamente respaldada por la Cámara Federal de Casación Penal en las próximas semanas ante una reiterada recusación de los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal), Revolución Federal y particularmente Morel no tienen nada que ver con el intento de homicidio.

Las posibilidades de hallar en el Drive de Morel algo que sí lo vincule con el atentado están proporcionalmente diluidas con el paso del semestre desde los disparos fallidos. El fiscal de esa causa, Carlos Rívolo, intenta avanzar con los entrecruzamientos telefónicos de los hasta ahora únicos detenidos para establecer sus vínculos. Esa es, de momento, la principal herramienta para identificar, como lo exigió Alberto Fernández en la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, a los autores «materiales e intelectuales» del ataque.

En las redes sociales, algunos de los integrantes de Revolución Federal aparecen esporádicamente para refutar a periodistas que señalan lo obvio: una línea de investigación (algo tan básico como eso) entre quienes exhortaban a «matar a Cristina» y quienes efectivamente lo intentaron. Dos de los procesados visitaban a la vecina del piso superior al que vive Cristina Kirchner, sacaban fotos desde su balcón hacia la calle, trabaron relación con sus custodios y conocían los horarios y otros movimientos del lugar y sus actores. Si eso no es inteligencia, se le parece mucho.

Brenda Uliarte asistió al menos a una manifestación de Revolución Federal y las cámaras de seguridad de la Casa Militar de la Presidencia la muestran al lado de un hombre no identificado que podría ser Sabag Montiel. ¿Qué más hace falta para explorar esa línea de investigación? No condenar, ni siquiera procesar con meros indicios (una costumbre típica de Comodoro Py con sospechosos de sólo un lado de la grieta, porque para los del otro rigen plenas las garantías constitucionales y la presunción de inocencia, como corresponde). Sólo investigar.

«Hacen falta más pruebas», invocan. Y por eso las van a buscar… seis meses después.

Entran en juego los organismos internacionales

Ubeira y Aldazábal repiten a menudo que el esclarecimiento del atentado no provendrá de los tribuales locales sino de organismos internacionales. Y en ese contexto destacan la reunión que mantuvo la vicepresidenta con el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos.

CFK les entregó un documento de 96 páginas con un anexo documental y una conclusión: «Las denuncias en sede nacional ya no alcanzan, porque la degradación institucional de estos sectores mafiosos de poder es muy profunda y generalizada. Por tales motivos, es necesario acudir a organismos internacionales para poner en su conocimiento la violencia que se está ejerciendo de manera constante contra Fernández de Kirchner, para solicitar así su pronta e inmediata intervención, ya que no sólo se trata de la política mujer que más veces ha sido electa en la historia de nuestro país, sino que justamente por ese motivo se trata de una amenaza que recae sobre la democracia argentina en su conjunto. La vida de Fernández de Kirchner corrió serios riesgos y, por decisión del Poder Judicial, los sigue corriendo. Por extensión, la democracia argentina se encuentra en vilo».