La Cámara Federal volvió a rechazar las excarcelaciones de un grupo de ex integrantes de la Policía Federal procesados por presunta defraudación a la fuerza mediante la facturación de servicios de provisión de sirenas y luces de patrulleros a través de una empresa que ellos mismos habían formado.

La Sala Primera del tribunal desestimó un pedido de libertad de Javier Provini, oficial auxiliar de la División Automotores, detenido desde diciembre del año pasado junto con el ex jefe, comisario Miguel Ángel Muñoz.

La causa se inició por una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación advertido por una llamada anónima que “puso en conocimiento que integrantes de la División Automotores de la PFA habrían participado de la creación de una empresa fantasma llamada ‘TAMALES SRL’ que se dedicaría a la colocación de balizas y sirenas en los móviles policiales cuando dichos trabajos los realizaban ellos mismos y eran facturados a nombre de la mencionada empresa”.  En la investigación “se constató que (Tamales SRL) carece de actividad y domicilios reales”.

Como producto de esa maniobra, “se denunció que el Comisario Muñoz estaría poniendo en marcha un bar denominado ‘el taller’, para lo cual el Auxiliar 2° Provini se encargaba de trasladar elementos que estaban por dar de baja en la División con la finalidad de utilizarlos como decoración”. En rigor, el bar está ubicado sobre la Avenida Congreso, se llama  “V8 TALLER CERVECERO” y está registrado como “perteneciente a Mónica Zunino, esposa del imputado Miguel Andrés Muñoz”.

“Para el traslado de dichos materiales (decorativos) se utilizaban móviles oficiales de la PFA. Al personal policial que se negara a prestar colaboración, Muñoz lo amenazaba con gestionarle el pase a las provincias de Tucumán o Jujuy”. Las maniobras investigadas ocurrieron entre 2016 y 2017.

Los policías fueron procesados en primera instancia por el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, en una investigación en la que intervino el fiscal Carlos Stornelli. Muñoz está acusado por  “defraudación a la administración pública y lavado de activos” y fue embargado por $ 10 millones.  El cabo Gustavo Luis Sinchicay y Provini también fueron procesados con prisión preventiva, aunque en sus casos se excluyó el delito de “lavado” y los embargos trepan a dos millones y medio de pesos.  Una escribana, un contador y un familiar de uno de los policías también resultaron procesados y –según la última resolución- aun hay otros partícipes del delito por identificar.

“Siguiendo con la investigación se determinó que en algunos de los kits que supuestamente habían sido adquiridos a TAMALES SRL e instalados en diferentes móviles policiales, no se podía identificar el origen, mientras que otros se correspondían a la fábrica KINGVOX IND de cuya factura surgía un valor considerablemente menor al que supuestamente facturaban a TAMALES SRL”, explica la resolución.

Ahora, los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron que la situación de los imputados y los “riesgos procesales” no han variado en los últimos meses y, por ende, rechazaron la excarcelación de Provini. La causa se encamina a la etapa de juicio oral y público.