El 10 de enero de 2020, la provincia de Buenos Aires adhirió al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). ¿Cómo se aplicó a lo largo del año? Un informe del Ministerio de Salud bonaerense reveló que, durante el año pasado, se realizaron 14.330 abortos en territorio bonaerense y que el 88% se practicó a través del uso de misoprostol. Además, se duplicó la cantidad de hospitales y centros de salud que brindan atención y cuidado a las mujeres en esta situación.
El primer informe de gestión de «Acceso a la interrupción del embarazo en la Provincia» se realizó en base a la información enviada por los efectores de salud, hospitales, salitas y otros centros de salud que implementaron la guía actualizada de implementación del ILE a lo largo del año.
Según los datos del «Primer Registro Centralizado de la provincia», en 2020 se practicaron 14.330 Interrupciones Legales del Embarazo. El 88% fueron resueltas utilizando misoprostol exclusivamente. Para su provisión, el Ministerio de Salud bonaerense realizó tres procesos de compra directa, de forma centralizada, de 304.164 comprimidos de ese medicamento, equivalente a 25.347 tratamientos. Esto demandó una inversión de 64 millones de pesos.
El informe, que fue elaborado por la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y la Dirección de Equidad de Género del Ministerio de Salud, también reveló que se duplicó la cantidad de establecimientos que garantizan el aborto en la provincia. Se pasó de 42 hospitales provinciales a 48; de 34 hospitales municipales a 74 y de 120 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) a 282. En total, hoy son 404 los establecimientos.
El trabajo fue presentado en IOMA, donde se lanzó el Programa de Fortalecimiento del Derecho a la Interrupción del Embarazo que funcionará en esa obra social, con el fin de garantizar el acceso a esta práctica para todas las afiliadas de esa obra social. La cobertura es del 100% y conforme a lo que plantea la Ley Nacional N° 27.610.
Durante la presentación, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, señaló que «la decisión política de priorizar estas políticas de cuidado desde nuestro ministerio y el trabajo realizado permitieron avances enormes en la consolidación de este derecho antes de sancionada la ley, lo que nos permite tener una plataforma sólida para su implementación, ahora que tenemos por delante una responsabilidad mucho mayor».
En tanto, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, destacó el enorme trabajo que se hizo en salud en este contexto de pandemia y que el COVID no fue usado como excusa para negar la respuesta a una deuda histórica que había con las mujeres que era la de garantizar la interrupción legal del embarazo. «Entendemos esto como un mandato claro del Gobernador de la Provincia, que había que construir y reconstruir un estado presente y solidario», dijo.
La directora provincial de Equidad de Género en Salud, Sabrina Balaña, destacó el trabajo realizado y explicó que «hasta ahora no teníamos información de cómo era el acceso y qué características tenía la población que solicitaba acceso a la interrupción del embarazo y hoy la tenemos porque creamos el año pasado un registro de la práctica y un registro de efectores, que son establecimientos de salud del sector público».
La adhesión del gobierno de Axel Kicillof al protocolo ILE fue la primera resolución conjunta de los ministerios de Salud y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en el arranque de la gestión. Significó la actualización de la guía de actuación que ya se usaba en los hospitales públicos desde 2012, conforme al marco jurídico argentino, pero que la ex gobernadora María Eugenia Vidal se había negado a aggiornar en 2016, derogando una resolución de su entonces ministra de Salud, Zulma Ortiz.
El primer informe de gestión de «Acceso a la interrupción del embarazo en la Provincia» se realizó en base a la información enviada por los efectores de salud, hospitales, salitas y otros centros de salud que implementaron la guía actualizada de implementación del ILE a lo largo del año.
Según los datos del «Primer Registro Centralizado de la provincia», en 2020 se practicaron 14.330 Interrupciones Legales del Embarazo. El 88% fueron resueltas utilizando misoprostol exclusivamente. Para su provisión, el Ministerio de Salud bonaerense realizó tres procesos de compra directa, de forma centralizada, de 304.164 comprimidos de ese medicamento, equivalente a 25.347 tratamientos. Esto demandó una inversión de 64 millones de pesos.
El informe, que fue elaborado por la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y la Dirección de Equidad de Género del Ministerio de Salud, también reveló que se duplicó la cantidad de establecimientos que garantizan el aborto en la provincia. Se pasó de 42 hospitales provinciales a 48; de 34 hospitales municipales a 74 y de 120 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) a 282. En total, hoy son 404 los establecimientos.
El trabajo fue presentado en IOMA, donde se lanzó el Programa de Fortalecimiento del Derecho a la Interrupción del Embarazo que funcionará en esa obra social, con el fin de garantizar el acceso a esta práctica para todas las afiliadas de esa obra social. La cobertura es del 100% y conforme a lo que plantea la Ley Nacional N° 27.610.
Durante la presentación, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, señaló que «la decisión política de priorizar estas políticas de cuidado desde nuestro ministerio y el trabajo realizado permitieron avances enormes en la consolidación de este derecho antes de sancionada la ley, lo que nos permite tener una plataforma sólida para su implementación, ahora que tenemos por delante una responsabilidad mucho mayor».
En tanto, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, destacó el enorme trabajo que se hizo en salud en este contexto de pandemia y que el COVID no fue usado como excusa para negar la respuesta a una deuda histórica que había con las mujeres que era la de garantizar la interrupción legal del embarazo. «Entendemos esto como un mandato claro del Gobernador de la Provincia, que había que construir y reconstruir un estado presente y solidario», dijo.
La directora provincial de Equidad de Género en Salud, Sabrina Balaña, destacó el trabajo realizado y explicó que «hasta ahora no teníamos información de cómo era el acceso y qué características tenía la población que solicitaba acceso a la interrupción del embarazo y hoy la tenemos porque creamos el año pasado un registro de la práctica y un registro de efectores, que son establecimientos de salud del sector público».
La adhesión del gobierno de Axel Kicillof al protocolo ILE fue la primera resolución conjunta de los ministerios de Salud y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en el arranque de la gestión. Significó la actualización de la guía de actuación que ya se usaba en los hospitales públicos desde 2012, conforme al marco jurídico argentino, pero que la ex gobernadora María Eugenia Vidal se había negado a aggiornar en 2016, derogando una resolución de su entonces ministra de Salud, Zulma Ortiz.
