El gobierno salió sigilosamente a reactivar la causa judicial en la que se investiga la toma de deuda externa durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. La Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, formuló en los últimos días dos presentaciones ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti. En una de ellas, insistió en el reclamo a la Caja de Valores S.A. para que suministre información relacionada con los movimientos de LEBACs (letras del Banco Central) entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Se trata del inicio del ciclo de endeudamiento que terminó con el regreso desesperado al FMI, que había sido negado durante la campaña electoral y durante el mismo gobierno, y que ni siquiera pasó por el Congreso. Esa documentación fue requerida en noviembre del año pasado y es clave para determinar la lógica de la toma de deuda durante el gobierno de Cambiemos. Caja de Valores S.A. envió la información en un soporte digital de imposible acceso para el juzgado. La jueza le pidió entonces, hace casi un mes y medio, que dividiera la información en varios archivos para poder acceder a su contenido. Pero Caja de Valores S.A. “no presentó, desde el último oficio librado, ninguna explicación que dé cuenta de eventuales dificultades o impedimentos de orden técnico para la concreción de la tarea, ni señaló un plazo estimado para concretar la labor encomendada”.

Esa renuencia es uno de los obstáculos que hoy demoran el avance de la causa.

La denuncia sobre la presunta comisión de delitos en la contratación de deuda fue anunciada por el presidente Alberto Fernández, en la Asamblea Legislativa e impulsada por la Oficina Anticorrupción. Se acumuló a una presentación anterior del dirigente social Juan Grabois, quien pidió que se investigue a Macri, al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y a los exjerarcas del Fondo Christine Lagarde y David Lipton. El fiscal Franco Picardi interviene en representación del Ministerio Público.

La segunda presentación fue el aporte de tres informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) relacionados con la contratación de deuda. En esos documentos aparecen datos sobre el denominado “Bono del Siglo” o “Bono a 100 años”, por 2750 millones de dólares, de los cuales el país recibió 2470,94 millones, porque el resto se fue en comisiones. Ese informe, fechado en septiembre del año pasado, sostiene que esa contratación de deuda no tiene justificación. Pero agrega un dato ciertamente insólito: «Se optó por una opción que no había sido presentada con anterioridad por ninguno de los bancos asesores”. El gobierno de Macri, según se desprende de ese documento, fue con los bancos más papista que el Papa.

La Procuración, sobre la base de esa documentación, concluyó que “las autoridades gubernamentales que asumieron el endeudamiento con el FMI tuvieron el designio de lograr un ingreso de divisas -de magnitud inédita en la historia de las operaciones de ese organismo internacional- que fueron destinadas a asegurar la rentabilidad del capital financiero especulativo”.

La AGN también elaboró una “Auditoría Especializada de Deuda – Endeudamiento Público y Endeudamiento de Corto Plazo”. Ese documento consta de 135 páginas, efectúa una serie de recomendaciones a futuro y evalúa que el gobierno de Cambiemos incumplió incluso con las propias normas en materia de gestión de deuda del Banco Mundial y del FMI. “Los riesgos inherentes a la estructura de la deuda pública deben controlarse y evaluarse detenidamente para orientar mejor las decisiones sobre endeudamiento y reducción del riesgo que recae sobre el gobierno. Es por ello que los administradores de la deuda considerarán las características del riesgo financiero y de otro tipo que presentan los flujos de caja públicos. Los administradores de la deuda tendrán en cuenta y gestionarán el riesgo cambiario y la deuda a corto plazo o con tasa de interés variable”.

La deuda de corto plazo tomada a partir de 2018 implicaba para la Argentina la obligación de devolver el préstamo a razón de un promedio de entre 18 mil y 19 mil millones de dólares por año a partir de 2022.
La pregunta que debe responder el Poder Judicial –y que busca acelerar la Procuración del Tesoro- es retórica y acaso tautológica: ¿la toma de deuda externa entre 2015 y 2019 fue solo una mala decisión de gobierno o también un acto delictivo?