En enero, días después de la publicación del mega DNU de «desburocratización» del Estado, la diputada rionegrina Silvia Horne denunció por falsificación de documento público al presidente Mauricio Macri y a su Gabinete en el Juzgado Federal de la ciudad de General Roca en Río Negro. La fiscalía, a cargo de Alejandro Moldes, le dio curso a la denuncia pero, por un tema de jurisdicción, el expediente fue remitido a Comodoro Py, adonde nunca llegó.
El Gobierno utiliza mecanismo para demorar el accionar de la Justicia. Manejan los tiempos. Pasó lo mismo con una denuncia de Felipe Solá sobre la decisión del (Mauricio) Macri de habilitar el blanqueo para los familiares. Demoraron tanto que cuando la justicia le dio la razón el blanqueo ya se había hecho, explicó la diputada a Tiempo.
Horne sostiene que no se trata de un hecho aislado. Ellos utilizan una lógica mediática que está al límite de la legalidad, aseveró.
La denuncia tiene sus fundamentos en que el Mega DNU de desburocratización del Estado fue firmado y publicado en una fecha en la que el presidente y los miembros del Gabinete no estaban en la Ciudad de Buenos Aires.
Los DNU tienen restricciones claras para ser dictados. Una de ellas es que los tiene que firmar el Presidente y todo su gabinete. Cuando se firmó este decreto el Presidente estaba en Villa La Angostura y muchos de los miembros de su gabinete tomando sol en la playa, disparó la diputada del Movimiento Evita.
En ese marco, Horne sostuvo que está esperando que la llamen para ampliar la denuncia e involucrar a los funcionarios que también aparecen en el decreto, pero el expediente nunca llegó a la sede judicial de Comodoro Py.
Lo cierto es que mientras el expediente sigue extraviado y el Congreso debate las normas que reemplazarán la iniciativa, el DNU sigue vigente.
Los tres proyectos en el que fueron transcriptos todos los puntos del DNU ya fueron defendidos por los funcionarios y esperan para obtener dictamen la semana próxima.