Dentro de una semana concluirá el período de sesiones ordinarias que Javier Milei inauguró el 1 de marzo. El viernes será el último día hábil para sesionar y en el transcurso de los próximos días se sucederán cuatro sesiones en la Cámara de Diputados, en una nueva ronda de pulseadas y repechajes en torno al Presupuesto 2025, el gran ausente del debate que se viene por delante. No aparece en los temarios de las sesiones previstas para las próximas jornadas, pero resta una instancia de negociación esta semana que podría abrir otro capítulo por la eventual convocatoria a extraordinarias, donde podría revivir la discusión presupuestaria que quedó estancada hace una semana, por decisión del gobierno.
Entre lunes y martes podría encaminarse o encallarse en forma definitiva ese tablero. Para el martes la oposición volverá a insistir con el tratamiento del DNU 846/24, que le permite al Ejecutivo reestructurar deuda sin autorización del Congreso ni conseguir mejor plazo, tasa o quita de interés. El decreto firmado desde la primavera está directamente vinculado a la estrategia presupuestaria del Ejecutivo, cada vez menos entusiasmado con buscar su aprobación en el Congreso. Hace dos semanas la oposición intentó llevarlo al recinto, pero no llegaron al quórum por debilidades de los bloques que la impulsaron, especialmente de Unión por la Patria, que no pudo contar con nueve de sus 99 bancas para garantizar el quórum necesario de 129. El otro factor que aumentó las falencias fue la ausencia de la UCR y de espacios como Innovación Federal, que reúne a partidos provinciales que accionan por decisión de sus gobernadores. Si bien hubo titubeos radicales, la falencia de UxP con sus nueve ausentes dejó en segundo plano que fueron los gobernadores del PRO y de la UCR los que decidieron quitarle el cuerpo a esa embestida opositora, con la esperanza de que la negociación presupuestaria no quede en la nada. Se viene un año electoral y si no hay Presupuesto, sería el segundo año de gestión de Milei con la prórroga del plan de cuentas nacionales que el Congreso aprobó en 2022 para el último año de la administración de Alberto Fernández.
Los menos interesados en seguir de ese modo son los gobernadores que hasta ahora han aceptado mansamente las imposiciones del gobierno. No sólo los de JxC sino también los mandatarios peronistas que siguen bancando la negociación con la Casa Rosada, incluso a costa de dejar en evidencia que pueden fracturar el bloque panperonista. Así lo deslizó el catamarqueño Raúl Jalil, cuando ordenó que sus cuatro legisladores no le den quórum a la movida contra el 846/24, que le permite al gobierno renegociar deuda sin respetar la Ley de Administración Financiera y sus exigencias. ¿Podría cambiar de idea en ese nuevo repechaje? Es la misma pregunta que se hacen cerca de los radicales y macristas que la semana pasada decidieron ofrecer una ultima instancia de negociación con el Ejecutivo. Los diez mandatarios han funcionado como un freno de las posibilidades de la oposición en la Cámara de Diputados y, como le pasa a los bloques del PRO y la UCR, siguen atrapados entre la estridencia de las discusiones del palacio legislativo, con saldos favorables para el oficialismo, y la menguante presencia que tienen en la opinión pública, donde darle la espalda a Milei les sigue generando reacciones en contra.
Para salir de ese brete pidieron una reunión con el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y con el jefe de Gabinete Guillermo Francos. Apuntan a un encuentro presencial donde puedan reabrir la discusión presupuestaria y que el gobierno decida convocar a extraordinarias y meter ese punto en el temario, que durante el receso de verano sólo puede ser definido por el Ejecutivo.
La Casa Rosada ya deslizó una señal sobre una convocatoria de este tipo para diciembre o febrero que anticipa el tono de la negociación que eligió imponer Milei. El gesto que aumentó esa sospecha fue la presentación de los dos proyectos de reforma electoral que había anunciado el gobierno. Ya ingresaron a la Cámara Baja los textos para eliminar las PASO y cambiar el financiamiento de los partidos políticos, blanqueando los aportes privados sin techo y reduciendo los públicos. Ante las consultas de Tiempo, en la Casa Rosada asumen que seguirán intentando poner en juego la eliminación de las PASO y la utilización de esos fondos como parte de la negociación por el Presupuesto 2025.
Hasta que José Luis Espert dijo que suspendían la Comisión de Presupuesto porque no había acuerdo para dictaminar, el tema seguía en pie. Habían transcurrido semanas de exploraciones del gobierno con la oposición dadora de qórum para llegar a un dictamen de mayoría y hubo un freno repentino. Hasta ese momento los gobernadores de JxC seguían igual que ahora: sin respuesta alguna del ejecutivo sobre una serie de reclamos que vienen arrastrando desde principios de año. La lista de demandas no parece imposible, más allá de la negativa de la Rosada. Reclaman las compensaciones de la ANSES (frenadas desde diciembre) para las 13 cajas jubilatorias no transferidas a la Nación, la coparticipación de los aportes del Tesoro Nacional (ATN), distribuir el 1,9 de la recaudación que destinan para financiar a la exAFIP, rediscutir la caja que recauda el impuesto a los combustibles y pagos exigidos para compensar el Pacto Fiscal que firmaron durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017.
No hay posiciones monolíticas. La pelea por las cajas jubilatorias ya está en la Justicia y posiblemente no salga de ahí. Aparece como uno de los puntos que podrían ser relegados si se retoma el diálogo para destrabar el Presupuesto. Como una diplomática advertencia, el pedido para reabrir la negociación sostiene que «es lo indispensable para el gobierno y también para los gobernadores aliados». Sin decirlo, una nueva insatisfacción podría derivar en el desquite que les ofrece el repechaje opositor para sesionar el martes y contar con los votos suficientes para herir el DNU 846/24, que sólo podría perder vigencia si es rechazado por las dos cámaras del Congreso. La aspiración es que sea derribado este martes en Diputados. En el Senado, que lleva cinco semanas sin sesionar, recién podría llegar al recinto el año que viene porque la vicepresidenta Victoria Villarruel no convocará a ningún movimiento. Sabe que el panperonismo en ese recinto quiere embestir contra el DNU y abrir esa brecha podría empeorar todavía más el vinculo con Milei.
El pedido para repechar y sesionar el martes tiene una sombra radical que se cruzó en el camino y refleja las desconfianzas que respiran los aliados esquivos del gobierno. El diputado de la UCR Martín Tetaz pidió llevar al recinto el dictamen de minoría de la reforma sindical. La mayoría va por el rechazo y tiene las firmas del bloque de UxP y del espacio que conduce Miguel Pichetto. Aún así, los radicales junto al PRO y el oficialismo buscarán tratar el tema como una forma de poner a prueba la tregua negociada entre el gobierno y la CGT. Uno de esos puntos fue frenar la reforma que, entre otros ítems, le quita la obligatoriedad a los aportes de los afiliados a sus sindicatos. Sólo para el martes el menú tiene dos pedidos de sesión, con dos temas que encierran problemas para la Casa Rosada en caso de que haya quórum y sean aprobados. Es posible que la de Tetaz no prospere y que la otra sea un nuevo reflejo del estado de la negociación con los gobernadores.
Luego de su viaje por Estados Unidos, para saludar a Donald Trump, y por Brasil por la cumbre del G20, el presidente volvió a castigar a Villarruel. Vincularla con «la casta» fue lo menos grave. Aseguró que está totalmente afuera de las decisiones y que el vínculo es puramente institucional. La titular del Senado había estado pocos días antes en la Fiesta Nacional del Arroz, en Entre Ríos, y había agradecido el convite «como representante del gobierno y el Senado». La vicepresidenta no le contestó a Milei y en su entorno sostienen que lo harán «en algún momento», pero el silencio concesivo suena a repliegue para evitar que el conflicto escale. Podría empeorar en cualquier momento. La vice podría conceder una entrevista y devolverle las gentilezas al presidente por los medios. Por lo pronto, hay una escala institucional. El miércoles Francos estará en el Senado para ofrecer informes sobre la gestión y cumplir con el artículo 101 de la Constitución. Será el último movimiento que tendrá ese recinto en lo que resta de este año y funcionará como caja de resonancia de la pelea presupuestaria, con esquirlas que buscarán dejar al desnudo la soledad de Villarruel. Los opositores no lo dicen para no desairarla, pero está totalmente afuera de las negociaciones de las provincias con la Nación. No sólo con el Presupuesto sino con los demás temas calientes, como la cobertura de las vacantes de la Corte Suprema. Mientras Francos hable en un Senado que cumplirá dos meses de inactividad, la oposición pidió en Diputados otra sesión. En este caso para tratar un dictamen de ley para limitar las apuestas deportivas online para menores de 18 años, en otra pulseada silenciosa que acumula cinco meses de debate. No ha sido convocada todavía por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, dentro de un rompecabezas que incluye un cuarto pedido. Es otro repechaje, esta vez sostenido por el PRO para volver a intentar el jueves el tratamiento del dictamen de Ficha Limpia, que no pudo ser debatido esta semana porque les pasó lo mismo que a UxP con el primer intento del 846: hubo llamativas ausencias de último momento y porotos que nunca se juntaron. Ahora, sobre el filo del final, cada movimiento de esta semana estará cruzado por la discusión del fondo sobre el Presupuesto y el objetivo del gobierno para forzar una negociación que podría extenderse durante el verano. Los gobernadores de JxC reclaman de todo, pero siguen sin decir algo sobre el futuro de las PASO. Lo mismo sucede entre algunos peronistas que ya se habían expedido en contra.