El fiscal federal Ramiro González pidió las primeras medidas de prueba en la causa por las declaraciones de la jueza Ana María Figueroa sobre supuestas presiones de un funcionario del gobierno de Cambiemos para torcer el rumbo del expediente por el Memorando de Entendimiento con Irán. González pidió la grabación de la entrevista que le realizó el programa Toma y Daca, de la radio AM 750, a la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal el fin de semana pasado. Y también a la red social Twitter los posteos sobre esa entrevista.
Si bien no la menciona específicamente, el pedido de esa medida parece apuntar a los tuits de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien días después de esta revelación amplió una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la demanda que inició en febrero de 2018, por “discriminación política y persecución” en su contra y del excanciller Héctor Timerman, ya fallecido. El fiscal habilitó la feria judicial para dar los primeros pasos en la causa, aunque formalmente no realizó aún una imputación ni impulsó el inicio formal de la investigación. González tiene, delegada por el juez federal Sebastián Ramos, la denuncia formulada por Martín Ignacio Soria, diputado nacional por la provincia de Río Negro.
“La jueza Figueroa habría dicho que quien entró a su despacho era un funcionario del Ministerio de Justicia que estaba por debajo del ministro Garavano. Y habría expresado, también, haber estado mencionada en el listado de jueces presionados, en el marco de una denuncia que se hizo ante la Corte Interamericana por ese tema”, subrayó el fiscal. “Ante la consulta en la entrevista si la persona que fue a presionarla por el mentado fallo fue Juan Bautista Mahiques, respondió en forma evasiva que fue ‘por suerte, etapa superada’”, añade el documento. Según la presentación de Soria, “los hechos denunciados por la Dra. Ana María Figueroa son de suma gravedad ya que ‘no solamente muestran el accionar corrupto y extorsivo del gobierno de Cambiemos, sino también la afectación de las instituciones del Estado, mediante la ilícita injerencia en el Poder Judicial”.
“Desnuda, a su vez, la ingeniería de este tipo de ataque a los magistrados que fue tan denunciado durante la gestión del gobierno anterior”, resume la denuncia. Justa mente, a nte la nueva presentación que realizaron sus abogados, la expresidenta Cristina Fernández le sugirió a la CIDH que cite a la jueza Figueroa para que aporte más detalles; que analice la existencia de un proceso de lawfare en toda la región y la posibilidad de enviar nuevamente un observador internacional a la Argentina. «
