La ofensiva político-judicial contra el diputado y exministro de Planificación Julio De Vido no terminó. La votación insuficiente para expulsarlo de la Cámara Baja fue solo un capítulo, una escena de una película que seguirá en los próximos días en otro escenario.

El juez federal Claudio Bonadio tiene a estudio la decisión de llamar a De Vido a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa por importación de gas por buques. Y en ese expediente podría pedir el desafuero para una eventual detención.

Durante las diez horas de debate que precedieron a la votación en la que fue rechazada la expulsión de De Vido, se habló de la ausencia de un pedido de desafuero de un juez. ¿Se mantendrían los votos ante un hipotético reclamo judicial en ese sentido?

Bonadio recibió antes de la feria judicial de invierno un informe de auditoría sobre las operaciones de importación de gas natural licuado entre 2008 y 2015 a través de medio millar de buques metaneros, por un costo superior a los 10 mil millones de dólares. De ese trabajo se desprende que la Argentina llegó a pagar casi 17 dólares por millón de BTU («British thermal unit», la unidad de medida del gas licuado) un precio considerado excesivo para el mercado. El actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, tiene al menos tres denuncias penales por haber decidido la compra de gas a través de Chile en lugar de profundizar las operaciones con Bolivia, justamente porque esa operatoria elevaba el costo del millón de BTU de entre tres y cuatro dólares a casi ocho.

Los buques llegaban a los puertos de Escobar y Bahía Blanca; su contenido era sometido a un proceso de «regasificación» y luego inyectado en las redes que abastecen al consumo domiciliario e industrial. La investigación de Bonadio apunta a supuestos sobreprecios pero también a otros aspectos de la operatoria, entre ellos la «regasificación», los estudios de impacto ambiental, el paso de las naves por las vías navegables y la contratación de seguros.

La causa lleva el número 10456/2014, está caratulada como «De Vido, Julio y otros s/asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles y exacciones ilegales», y fue denunciada, entre otros, por la actual titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el senador de Cambiemos Federico Pinedo y al extitular de Unión de Consumidores y hoy director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño. Entre los investigados, además de De Vido, aparecen su excolaborador Roberto Baratta, el empresario gasífero qatarí Al Tani Khalid Bin Khalifa, el exsecretario de Energía Daniel Cameron, el ex titular de Energía Argentina SA (Enarsa) Exequiel Espinosa y el ex CEO de YPF Miguel Galuccio.

De Vido ya sabe que asoma una ofensiva por ese lado. De hecho, el último movimiento importante en la causa fue un fallo de la Cámara que, por mayoría (los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, con la disidencia de Leopoldo Bruglia) les autorizó a sus abogados a obtener fotocopias del expediente. Bonadio, tal como lo hizo en muchos otros expedientes, le había denegado el pedido.

En esta causa, como en varias en las que está imputado, De Vido es representado por los abogados Adrián Maloney y Julio Virgolini. «