Con algunas modificaciones a último momento, el Código Procesal Penal propuesto por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta fue aprobado en la Legislatura con holgado margen: 33 votos positivos contra 24 negativos. Por un lado, el oficialismo celebró la flamante norma al considerar que el Estado a partir de ahora contará con una herramienta más ágil y moderna para ordenar la calle; por el otro, la oposición repudió que se pretenda un mayor control sobre la población.

Vale aclarar también, que el nuevo Código viene a robustecer el sistema luego de la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la justicia local. Así y todo, la norma solo contó con el acompañamiento de Vamos Juntos y el rechazo del Partido de los Trabajadores Socialistas, Autodeterminación y Libertad, Partido Obrero, Partido Socialista, Bloque Peronista, GEN, Mejor Ciudad, Evolución y Unidad Ciudadana. El punto más criticado por el arco opositor, fue el apartado “Medidas especiales de investigación” que incorporó las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada.

El oficialismo contaba con las manos suficientes desde un primer momento para aprobar el Código, pero varios dirigentes de sus propias filas exigieron modificaciones. Algunas de estas cuestiones también fueron resistidas por varias ONG y organizaciones sociales, jurídicas y políticas. Dentro de este universo de medidas antipopulares estaba la implementación de la vigilancia acústica, la vigilancia remota sobre equipos informáticos, a través de equipos de captación de imagen, de dispositivos de seguimiento y de localización, con las cuales el larretismo tuvo que dar marcha atrás.

La legisladora de PTS, Myriam Bregman, destacó: “Los cambios que se hicieron el miércoles a la noche no fueron hechos para consensuar con la oposición. Lo hicieron porque los diputados de Vamos Juntos no quisieron votar esto”. “Este Código ataca derechos, libertades y garantías. Tiene el objetivo de implementarse en esta ciudad, que es el epicentro de las protestas sociales”. En esa línea de argumentos, la dirigente de izquierda tachó la norma de inconstitucional.

Fernando Vilardo, de AyL, repudió “esta medida ya que es profundamente regresiva” y se preguntó: “¿Cuál es la urgencia de sacar este proyecto?”. “La población tiene que tomar en sus manos la lucha por la defensa de los derechos democráticos, este proyecto los vulnera, está dirigido en contra de los ciudadanos”, concluyó.

Durante el debate legislativo, Gabriel Solano, del PO, explicó que “la Ley revela el propósito que tiene el Gobierno de la Ciudad y es el de aumentar el poder represivo. Nadie puede olvidarse que habían presentado un proyecto que era aún más represivo que el que estamos tratando hoy”.

“Sacaron los artículos relacionados a la vigilancia remota –continuó el legislador trotskista-, pero ya nos advirtieron que van a buscar avanzar en ese sentido”, argumentó y aseveró que “este proyecto le da más poder a la justicia, la policía y al Gobierno para avanzar sobre los derechos de los ciudadanos y las organizaciones sociales”.

El jefe de la bancada de Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, ironizó: “Este proyecto tiene el consenso de la oposición en su rechazo”, al tiempo que justificó que “no se han alcanzado consensos reales, no es sólo una cuestión de reunirse. ¿Por qué no sostener un debate más amplio?”.or/a, desde ese primer momento. «