Las operaciones de transferencias de dólares a cuentas en el extranjero que fueron aportadas por el Banco Central a la causa que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti por el destino del préstamo del FMI es de tamaña magnitud que si estuviera en formato impreso probablemente ocuparía todo el volumen de un departamento de dos ambientes.

Hay de todo. Y están todos. O casi. 

En las operaciones aparecen empresarios poderosos, personajes de la farándula, deportistas, funcionarios y ex funcionarios, legisladores, jueces y fiscales de todos los niveles. Hay salida de divisas pero también dólares repatriados desde cuentas desconocidas o no debidamente declaradas. 

Prolijos o desprolijos, tiempistas o apurados

Algunos son más prolijos que otros: hay un juez con un poder algo devaluado últimamente que sobresale por su austeridad: “mueve tan poca guita que parece un beneficiario de un plan social, más que un juez que cobra casi un palo por mes”, graficó una fuente con acceso a la investigación.

Algunos casos son realmente curiosos por el contexto. Un empresario de una de las herramientas financieras más difundidas publicitariamente en los últimos años aparece comprando unos 20 millones de dólares justo antes de que se decretara en septiembre de 2019 el primer cepo cambiario del gobierno de Cambiemos, que redujo el permiso para la compra de dólares por mes de dos millones a diez mil. ¿Cómo supo ese empresario que se venía el cepo? ¿Hubo una reunión con un funcionario de altísimo nivel que no quedó registrada oficialmente, en la que se le adelantó lo que iba a ocurrir?

Entre las operaciones aparece el ingreso de dólares desde el exterior por parte de un juez, desde una cuenta que no figuraba en la declaración jurada de ese año. Los investigadores pudieron determinar que allí no parece haber delito, porque el dinero provino de la venta de una propiedad en un país vecino, que sí fue declarada. La cuenta no figuraba porque pudo haber sido abierta para canalizar el pago, y desde allí enviar el dinero a la Argentina. Incluso coincide que los dólares que regresaron son la mitad de lo pagado por la propiedad, porque se trataba de un bien ganancial (el juez poseía derechos sólo por el 50 por ciento del inmueble).

Los investigadores se sorprendieron por la capacidad de ahorro de una jueza de alta jerarquía del fuero penal federal (jubilada recientemente), que compró un promedio de 80 mil dólares anuales y los colocó en una cuenta en el extranjero.

Menos clara aún parece la coincidente operación de dos jueces que, tras firmar un fallo importante (de esos que aseguran enormes ganancias a un holding empresario y hacen enojar a un presidente de la Nación, a punto tal de hablar de “un acto de complicidad judicial con el poder económico”), adquirieron unos 300 mil dólares cada uno.

Aprovechar las “desinteligencias del Estado”

¿Son todas operaciones completamente legales? El ex vicepresidente del banco JP Morgan Hernán Arbizu, una fuente ineludible de consulta en estos temas (conoce las operaciones porque él las realizó durante mucho tiempo y estuvo preso por ello), explicó que “el gran aliado que tiene el sector privado para cometer este tipo de acciones son las desinteligencias del Estado. Y ellos lo saben”. 

Así, describió que “es falso que si una operación pasó por el BCRA es legal. Esa operación está dentro del sistema financiero, pero eso no quiere decir que sea legal”. La clave está en cómo y para qué se transfirieron esos fondos, y si una vez en el extranjero siguen existiendo en el patrimonio de quien los transfirió.

Parece complejo, pero no lo es. Explica Arbizu: “si se transfieren fondos declarando que es para cancelar deudas pero en realidad son ahorros, que no salen del patrimonio sino que permanecen en un lugar difícil de rastrear, y en la declaración jurada del año siguiente no figuran, entonces lo que se hizo fue delito”. La transferencia de fondos al extranjero es una declaración jurada.  Y falsearla está penado por las leyes.

El caso Rosenkrantz y la ética

En las redes sociales arreciaron, desde la publicación de Tiempo del último domingo, voces que justifican operaciones como las del ex presidente (hoy vicepresidente) de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. “Es su dinero y hace lo que quiere con él. Si está declarado, no hay ninguna ilegalidad”.

En el caso de Rosenkrantz seguramente es así. Pero ¿todas las operaciones fueron tan transparentes?

Arbizu explicó que, más allá de cualquier valoración ética, “la formación de activos en el extranjero no es un delito”. Pero si una persona dice que manda dinero al extranjero para cancelar una deuda pero lo deposita en la cuenta de un tercero (con quien no tenía tal deuda) y en su próxima declaración jurada ese dinero no figura (porque supuestamente fue utilizado para pagar una deuda), entonces sí hay delito. 

El Banco Central, que ya había colaborado con la comisión legislativa que intentó investigar el destino de esos mismos fondos, aportó la información que, por cierto, está contenida en un soporte digital que llegó al juzgado en un sobre lacrado. No hay filtración posible por esa vía. Es inútil buscar por ahí.

Un empleado del BCRA extrajo la base de datos, la grabó en un soporte digital y la envió al juzgado, sin la intervención de ninguna otra persona, ni siquiera directivos. Voceros de la entidad emisora aseguran que nunca hubo reticencia a aportar la información requerida por el tribunal.

La información es muy voluminosa. Son miles de operaciones, contenidas en varios terabytes. Deberá ser analizada por especialistas  no sólo en operaciones financieras sino también informáticos. De lo contrario, descifrar el contenido de ese soporte digital podría insumir meses.

Los investigadores no descartan convocar a funcionarios del propio BCRA o incluso a peritos de la Corte Suprema para el análisis de esos reportes.