A dos semanas del cierre de listas para las primarias de este año electoral, la multinacional de origen brasileño Odebrecht afronta, por primera vez desde que desembarcó en Argentina, una particular situación que sus ejecutivos nunca vivieron antes. Desde fines de los ’80, su management siempre repitió el mismo esquema en tiempos electorales: reuniones reservadas, en costosos restaurantes, con funcionarios de las áreas de obras públicas y con representantes de las principales fuerzas políticas. Esta vez, los «doleiros» que llevaban las valijas para entregar gestos de buena voluntad y aportes ilegales para las campañas proselitistas de sus interlocutores, posiblemente no estén en funciones. Sin embargo, la empresa acusada de emplearlos sigue activa, con sus principales obras en marcha y en medio de una cuestionada negociación privada entre sus abogados y el ministro de Justicia Germán Garavano y la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso. En ese marco, el escándalo que desató la investigación Lava Jato en Brasil desembarca en medio de la cuenta regresiva de los comicios de 2017 y se mete en la coyuntura política nacional en medio de una aparente carrera de embolsados entre el gobierno y el Poder Judicial para poder llegar a la información, hasta ahora desconocida, sobre las coimas pagadas por Odebrecht a funcionarios locales.

Bajo la presunta inactividad de sus lobbystas, Odebrecht avanza a toda velocidad con las obras que todavía tiene en marcha, como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la megaobra que realiza junto a la constructora Iecsa (perteneciente hasta hace un mes al primo del presidente, Angelo Calcaterra), la italiana Ghella y COMSA. Es uno de los trabajos sospechados de corrupción que podría ser suspendido a pedido de uno de los jueces y fiscales que investigan la licitación que el presidente Mauricio Macri intentó pagar mediante un DNU de 45 mil millones de pesos que el Congreso todavía no avaló. Desde la cartera de Justicia que encabeza Garavano, descartaron que los trabajos sean suspendidos: «La fiscalía de Brasil parece ahora jugar para Odebrecht, porque hasta nos mandó una nota pidiendo que sigan las obras», confió a Tiempo una alta fuente vinculada al ministro.

Además de las dudas sobre el futuro del soterramiento, esta semana se escribirá un nuevo capítulo de esa inesperada puja entre la Casa Rosada y el Ministerio Público Fiscal, cuando el procurador general de Brasil Rodrigo Janot llegue a Buenos Aires para reunirse con su par argentina Alejandra Gils Carbó, con el objetivo de poner en marcha un equipo binacional de fiscales argentinos y brasileños que podrán intercambiar información penal sobre Odebrecht. La visita oficial que arrancará este miércoles es la segunda parte del viaje a Brasilia que realizaron hace diez días los fiscales Sergio Rodríguez, Carlos Stornelli y Franco Picardi con el viceprocurador brasileño para concretar la solicitud de asistencia jurídica internacional que había enviado Rodríguez a Deltan Dallagnol, Orlando Martello y Paulo Galvao, los fiscales federales del equipo de investigación Lava Jato, en Brasil. La solicitud, tal como reflejó este diario, tuvo una llamativa demora de la Cancillería para llegar al país destinatario, pero esta semana entrará en una etapa de definiciones que, en caso de prosperar, podría ser un incómodo espejo para la estrategia que la Casa Rosada desplegó hace casi un mes, y que días atrás incluyó un viaje relámpago de Garavano a Washington para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos entregue la información que posee, a partir de la delación del empresario Marcelo Odebrecht. Apenas Garavano (junto a su comitiva) fue recibido en Washington por el fiscal general Jeff Sesions, anunció que «la cooperación de Estados Unidos es completa». En el gobierno anticiparon que «habrá inconvenientes con los procesos en curso», pero aseguraron que «la información llegará». No es la misma certeza que se respira en los tribunales argentinos y, especialmente, entre los fiscales. «Lo curioso –acotó uno de los funcionarios– es que Garavano y Alonso hablan de los casos del pasado, pero omiten que sus funcionarios son investigados actualmente en obras que están en marcha», evaluó.

Cerca de Garavano intentaron atajar las dudas de los fiscales sobre la documentación que mande Washington. «Ellos van a conocer la información en el momento. Después podrán pedir algún elemento puntual de prueba y eso puede tardar», aclaró el funcionario, luego de reconocer la gran diferencia que existe entre la procuración norteamericana, que depende del presidente Donald Trump, y la local, que es independiente del Ejecutivo. La negociación paralela que sostienen Garavano y Alonso busca, ante todo, confirmar la vinculación de los sobornos con el exministro de Infraestructura Julio De Vido, el detenido exsecretario de Obras Públicas José López y otros otros exintegrantes de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner. Sin embargo, las fuentes judiciales consultadas siguen sosteniendo que se trata de «una puesta en escena» armada por el gobierno. «No habrá nada inmediato, porque las autoridades norteamericanas deberán evitar un ‘efecto dominó’ en el resto de los países involucrados», opinó otro funcionario que no descarta un inesperado freno a las obras que, según la Rosada, «ya tienen un 90% de ejecución». «