La fiscalía que interviene en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado pidió el cambio de carátula a “desaparición forzada de persona”, lo que respalda la versión de la familia y los testigos de que al joven artesano se lo llevó la Gendarmería. El juez federal de Esquel, Guido Otranto, dio curso al petitorio y prorrogó por 10 días hábiles el secreto de sumario, con la finalidad de seguir recolectando pruebas.

El joven desapareció luego de una represión de esa fuerza contra la comunidad Pu Lof en Resistencia, de Cushamen, en Chubut y 1 de agosto. Sin embargo, la Gendarmería niega su participación en la desaparición, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich respalda la versión de la fuerza de seguridad y desacredita la versión de la familia de la víctima.

Desde la tarde de ayer miércoles una delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) se encuentra en la ciudad de Esquel. Allí volverán a reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

La Comisión Interamericana pidió por Santiago

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una cautelar para la protección de los derechos de Santiago Maldonado en Argentina.

Tras analizar las alegaciones de los solicitantes y del Estado argentino, la Comisión concluyó que los derechos a la vida e integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en una situación de grave riesgo, «puesto que desde el 1 de agosto de 2017 hasta el día de la fecha no se conoce su destino o paradero».

La Comisión tomó en cuenta las denuncias de los solicitantes, según las cuales Maldonado «fue objeto de una desaparición forzada desde que se lo viera por última vez el 1 de agosto de 2017, mientras era golpeado y cargado a una camioneta blanca de Gendarmería, en el marco de un operativo policial que habría tenido lugar en la comunidad mapuche “Vuelta del Río Pu-Lof”, departamento de Cashumen, provincia de Chubut».

La CIDH consideró que, no obstante el tiempo transcurrido desde la presunta desaparición, y con base en los informes suministrados por ambas partes, «no se contaría con información sustancial en la actualidad sobre el destino o paradero de Santiago Maldonado, a pesar de las denuncias interpuestas».

En consecuencia, la Comisión solicitó al Estado argentino que: a) adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; y b) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.

La Comisión indicó que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.