Tras varios días de suspensión por las medidas sanitarias dispuestas en la provincia de Santa Fe, el juicio oral por delitos de lesa humanidad en Laguna Paiva retoma las audiencias, pero con una serie de restricciones que buscan reducir la presencia de personas en el debate y que generaron una dura respuesta de la querella de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario.
Por la situación sanitaria de la zona, el Tribunal Oral Federal 1 de Santa Fe firmó una acordada en la que limita la cantidad de testigos, descarta las inspecciones oculares a los dos centros clandestinos de detención de la ciudad y dispone que los abogados asistan de modo virtual.
Desde APDH, que representa a varios de los sobrevivientes y es querellante en el juicio, rechazaron algunas de estas medidas. “Si bien entendemos y compartimos la gravedad de la situación sanitaria, eso nunca puede ir en desmedro de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvieron en un comunicado, al que adhirieron luego organismos nacionales como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familias de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros.
«Están utilizando la pandemia para resolver este juicio como un trámite exprés, sin respaldo legal. Los jueces están tomando decisiones que no les corresponden con relación a la prueba ofrecida por las partes y más aun sin respetar el derecho de las y los sobrevivientes, que han esperado 4 décadas para este juicio, apartándose de la rica jurisprudencia nacional e internacional en relación a la reparación y la no revictimización de las víctimas del terrorismo de Estado”, manifestó Federico Pagliero, quien representa a la querella de APDH junto a Gabriela Durruty y Anabel Marconi Czop.
Uno de los puntos más delicados es el de los testigos. Restan escuchar las declaraciones de tres víctimas de estos hechos y podría ser revictimizante hacerlo en soledad en el mismo edificio donde fueron condenadas durante la dictadura en procesaos que buscaron blanquear su secuestro. Por eso, desde la APDH solicitaron que se haga una excepción para que se permita que estén presentes los abogados querellantes al momento en que presten testimonio. “Hace más de 4 décadas que las víctimas están esperando este momento tan importante de reparación histórica”, destacaron.
En el mismo sentido se pronunció el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento a testigos y querellantes en los juicios contra el terrorismo de Estado, donde adhieren a ese pedido. “Es garantía básica que se encuentre, además del tribunal, acompañado por algún profesional de nuestro equipo, y que se encuentren presentes físicamente en la sala los abogados de la querella”, señalaron en una nota presentada al tribunal.
Allí explican que asistiendo a una audiencia sin sus abogados “reviven no solo la sensación de extrema soledad en que atravesaron estas escenas traumáticas sino a su vez la ausencia de la representación legal: es sabido que no tuvieron en su momento acceso a ser representados por abogado alguno, y el Estado en su conjunto, pero particularmente el Poder Judicial, operó como parte del aparato criminal”.
La APDH busca además mantener la inspección ocular al ex Centro Clandestino de Detención tortura y exterminio “D2” de la ciudad de Santa Fe ya que hoy funciona como una repartición pública y podría realizarse la audiencia fuera del horario laboral. El otro ex centro clandestino funcionó en la Guardia de infantería reforzada (GIR), donde actualmente existen personas privadas de su libertad, por lo que resulta difícil realizar esa medida judicial.
“Las inspecciones oculares son parte esencial de la tramitación de los efectos de la tortura, dado que la oportunidad que representa para las víctimas regresar al lugar donde fueron perpetrados sus padecimientos, ahora en posición de testigos y ante la Justicia, significa para las mismos un acto de reparación del que no se las puede privar”, señalaron desde el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento a testigos y querellantes.
La causa
El juicio oral, que comenzó semanas atrás, abarca el secuestro y tormentos en 1980 de 11 personas oriundas de Laguna Paiva, en su mayoría militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que habían trabajado en el ferrocarril y en el Frigorífico Nelson, donde habían conformado la agrupación sindical La Lucha. Entre las personas detenidas estuvo Catalino Páez, ya fallecido, quien era referente del PRT en la provincia. Tras el golpe de Estado de 1976, Páez se había ido de Laguna Paiva e instalado en la localidad bonaerense de Lima, donde tenía un horno de ladrillos, de donde fue secuestrado junto a su esposa embarazada y su hijo de 14 años. Otros miembros de su familia también fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Los acusados son 6 expolicías de Santa Fe, entre ellos el subcomisario Guillermo Raúl Chartier, quien fue jefe del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial en la ciudad de Santa Fe. También está imputado el ex oficial del D2, Eduardo Enrique Riuli, a quien varios de los detenidos lo identificaron porque era un conocido presentador de bailes y conductor de radio y TV en Laguna Paiva.
