El caso se conoció la semana pasada, cuando fuentes médicas y del Ministerio Público Fiscal de Salta informaron que una mujer llevó a su hija con fuertes dolores estomacales al Hospital Público Materno Infantil (HPMI), de Salta capital, donde le realizaron una ecografía y detectaron que cursaba un embarazo de casi cinco meses.

Cuando la profesional les dio la noticia ambas rompieron en llanto, tras lo que la nena le contó a su madre que su padrastro la había abusado, lo que motivó la intervención de la policía y la denuncia del caso.

La Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Federico Obeid, ordenó la detención del hombre, que está imputado de abuso sexual con acceso carnal, mientras que la niña quedó internada.

Además se dio intervención a la Asesora de Menores en turno y al médico forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que examinó a la nena en el hospital.

El hecho de no poder aplicar el protocolo de aborto no punible, autorizado en Salta para embarazos de hasta 12 semanas producto de violencia sexual, generó una polémica.

El directorio del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres solicitó al Ejecutivo de la provincia la derogación del protocolo, resuelto por el gobernador Juan Manuel Urtubey en 2012 a través del decreto 1170, en virtud de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este sentido.

«En consideración de los últimos casos de público conocimiento en la provincia acerca de niñas y adolescentes embarazadas que no accedieron a la interrupción legal del embarazo, se pone en evidencia la urgente necesidad de derogación» de ese decreto para adecuarlo «a los estándares normativos» actuales, consideró el organismo. Esos estándares, señaló el Observatorio, son la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, la Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y Ley Nacional 26.485″.

Ayer se supo que la asesora de Incapaces y Menores, Patricia Gómez de González, informó al Ejecutivo provincial la voluntad de continuar con el embarazo manifestada por la niña, que ya cursa la semana 21, y su madre, en un acta rubricada. La semana pasada, al responder a medios locales que lo consultaron sobre la cantidad de embarazos de adolescentes en la provincia, Urtubey explicó que “la única diferencia» del protocolo de Salta con el procedimiento que manda la Corte es que «la declaración jurada –sobre la decisión de interrumpir el embarazo- la toma un funcionario del Ministerio Público y no un médico, por pedido justamente de los médicos”.

«El requisito de las 12 semanas está planteado desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es un requerimiento de la provincia”, apuntó el mandatario y señaló que esos procedimientos se dan sólo “frente a situaciones de violación”. Urtubey señaló que “la ley argentina no autoriza al sistema público, salvo casos de violación, a que realice prácticas de aborto”.

Por su parte, el Partido Obrero, que presentó hace tiempo un proyecto en este sentido, insiste en la necesidad de la derogación de este protocolo, por considerar que Salta violenta la Ley y el fallo de la Corte Suprema del 2012.