«Los argentinos extrañan las telenovelas», bromea la ministra de Seguridad, Sabina Frederic para bajarle el tono a la discusión que mantuvo esta semana con su par bonaerense Sergio Berni, durante la reunión que compartieron con el gobernador Axel Kicillof. A pesar del estado público que tomaron los cruces, la funcionaria sólo sostiene que «no suman» en medio de la pandemia.
Recibe a Tiempo Argentino en el mismo despacho que ocupó Patricia Bullrich hasta el 10 de diciembre pasado y advierte que el nuevo despliegue de gendarmes y prefectos en el conurbano no implica que la Nación se haga cargo de la seguridad provincial. Lleva siete meses en el cargo, pero cuatro de ellos los ha dedicado a coordinar el control de la cuarentena con sus pares provinciales en medio de una creciente ola de violencia institucional en todo el país que ya provocó la muerte de más de 25 personas. Se muestra cautelosa ante la cantidad de indicios sobre la responsabilidad de la policía bonaerense en la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro, pero no descarta esa hipótesis, mientras admite que el aislamiento preventivo y obligatorio empoderó a los aparatos de seguridad.
–Esta semana su antecesora tuvo un diálogo televisivo con el ministro de Seguridad bonarense, Sergio Berni. El funcionario confirmó que mantuvo una discusión con usted, pero dijo que fue un intercambio de chicanas. ¿Cómo fue?
-Es fruto del diálogo que mantengo con el gobernador y que nunca se cortó. Ante la salida de la cuarentena más rígida y el incremento de algunos delitos violentos teníamos muchas demandas de los intendentes que queríamos coordinar con la provincia cómo seguir con recursos que son limitados. Nosotros tenemos 90 mil efectivos para 44 millones de personas y ellos la misma cantidad para 16 millones. Lo demás es porque los argentinos extrañan las telenovelas.
-Pero se filtró a la prensa que ambos mantuvieron una discusión acalorada. Incluso que le advirtieron que si Berni volvía a irrumpir como lo hizo días atrás en Puente La Noria, podía ser detenido. ¿Existe esa posibilidad?
-Eso es una decisión que va a tener que tomar la policía con auxilio de la Justicia, en caso de que vuelva a ocurrir. Todas esas cosas son temas que no suman frente a la angustia de la gente. Esto es una cuestión del gobernador Kicillof y de las órdenes que le dará a su ministro. Nosotros tenemos una comunicación diaria con el gobernador. Estamos en un Estado que se fortaleció en los últimos meses pero que viene muy castigado en los últimos años, con una devaluación de las personas que integran la función pública.
-¿Se refiere a la situación que encontró en este ministerio?
-Sí. Encontramos gente sin actividad ni tarea, duplicación de áreas y gastos excesivos en equipamiento que ahora no podemos usar o con una capacidad limitada de acción como las cuatro lanchas artilleras que compró Bullrich y están en la Mesopotamia. Las tiene Prefectura y el uso que pueden darle no compensa el gasto. El parque automotor de Gendarmería, por ejemplo, llevaba ocho meses sin mantenimiento y pudimos recuperar la mitad.
– La oposición y los intendentes del conurbano reclaman que acelere ese proceso de formación de nuevos efectivos para contar con más agentes en la calle. ¿Está de acuerdo?
– No vamos a sacar a la calle personal que no tenga la formación necesaria. Preferimos que haya menos efectivos pero bien formados y no muchos y mal formados. Eso ya se vivió en provincia durante la gestión de María Eugenia Vidal cuando tuvo que hacer una revisión del personal porque faltaba la capacitación necesaria. Hoy la policía bonaerense está sufriendo ese problema. Los déficits de formación se pagan en el mediano y largo plazo. No tiene sentido tirar personal policial en la calle si no está preparado para cumplir con su tarea. Además eso genera un descrédito muy grande por parte de la población, en este caso con la policía bonaerense.
-¿Cuándo impactará el freno de la pandemia en esas incorporaciones?
-El año que viene y no tanto este año. Nosotros no estamos de acuerdo con sacar al personal de sus cursos, vamos a preservar los ciclos de formación. Cuando vuelva la nueva normalidad tenemos que satisfacer un rasgo específico de los que están con los cursos virtuales: la disciplina, el uso de armas, y todo lo que implica el ejercicio de la autoridad.
-La intervención focalizada de gendarmes y prefectos en el conurbano busca responder a la preocupación de los mismos intendentes que piden más presencia de efectivos como sea. ¿El gobierno nacional empieza a hacerse cargo de la seguridad de esa provincia?
-No nos haremos cargo de la seguridad bonaerense porque es una jurisdicción de la provincia. No es una decisión política, es legal porque la provincia tiene atribuciones que no tienen las fuerzas federales que sólo intervienen en delitos federales. Haremos como en Santa Fe, donde tenemos apoyo específico, con un funcionario que coordina la acción de la Federal en tema drogas. Recibimos el pedido de los intendentes para que la provincia jerarquice a su fuerza. El acuerdo es para que los recursos, que siempre son escasos, podamos articularlos y donde la Nación es un complemento, pero la prioridad la tiene la bonaerense.
-¿Recibió pedidos de otros gobernadores para que les envíe fuerzas federales?
-Sí, de Jujuy, Salta y Misiones. De muchas otras la demanda no es operativa, sino de ayuda de capacitación y equipamiento.
-Desde el inicio de la cuarentena en todo el país, se dispararon los casos de violencia institucional. Hay más de 25 muertos a manos de fuerzas policiales en medio del aislamiento y han pasado más de dos meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires. ¿Cómo hará para controlar a esas policías y a las fuerzas federales?
-Repudiamos la violencia institucional y lo hacemos público. Hemos enviado comunicaciones a todas las provincias donde sucedieron casos de este tipo. Sólo hemos recibido respuestas de Tucumán, donde se hicieron responsables y de Chaco, donde echaron a todo el personal comprometido y a las cúpulas. Somos un ministerio federal y las provincias son autónomas.
-Pero en el AMBA también hubo denuncias contundentes contra efectivos de fuerzas a su cargo, como el asesinato de un joven en el Bajo Flores.
-Fue sobre todo al comienzo de la cuarentena. También tuvimos un caso en La Cava, San isidro. Tuvimos diferentes gestos: la investigación disciplinaria, hablamos con el personal, estuvimos presentes y afrontamos problemáticas inéditas. En San Isidro hubo un episodio horrible lamentable con vecinos y efectivos heridos. Intervino la Justicia y nos ordenaron sacar a la Gendarmería, pero después hubo un reclamo generalizado del intendente, los concejales y los vecinos para que regresaran porque habían comenzado a suceder hechos delictivos. Esta situación de cuarentena le dio un poder a las policías que generó situaciones como las que vivimos al comienzo.
-Por un cambio de carátula en la causa que ahora investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro intervienen las fuerzas a su cargo. ¿Las pruebas apuntan a la responsabilidad de la bonaerense?
-Para nosotros no está confirmado, pero es una hipótesis en la que estamos trabajando. Lo estamos investigando a partir de que el caso pasó al fuero federal a pedido de la Comisión Provincial de la Memoria sobre una posible desaparición forzada. Hay un esfuerzo muy grande en el rastrillaje y el análisis pericial de las muestras que recolectamos. Todos los días hay acciones y actuaciones, pero lo hacemos con mucha prudencia y discreción porque sabemos que es un tema muy sensible para su madre. Le hemos pedido a la PFA que la información la maneje con mucha prudencia, porque esas informaciones que van de un lado para el otro son traumáticas para la familia. Somos prudentes y buscamos que la Justicia actúe con total independencia. Nosotros supervisamos la tarea de las fuerzas, pero las órdenes las da la Justicia. Es importante decirlo porque en los últimos años ese rol se desdibujó.
-Esta semana dos personas, en Quilmes y Mar del Plata, resistieron a intentos de robo y mataron a los ladrones que intentaron asaltarlos. ¿Son víctimas para usted?
-Claramente fueron víctimas de robo, no hay ninguna duda. Nosotros tenemos que estar muy atentos a las condiciones que producen esos delitos. Hicieron uso de armas y esa acción terminó con nuevas víctimas. Tenemos que estar atentos para que esos jubilados no sufran esos robos. Tenemos que estar antes de los acontecimientos y lo tenemos que evitar. En este caso son delitos ordinarios en los que intervienen la policía de la provincia y la justicia ordinaria, pero estamos trabajando con ambas jurisdicciones en mesas de análisis criminal para conectar los delitos entre sí. El tema es cómo trabajar desde la seguridad para que ese tipo de conflictos no llegue a semejante violencia, hay que trabajar en las mediaciones.
-En los casos de violencia institucional de gendarmes o prefectos, su antecesora sale a defenderlos y la acusa de tirarlos por la ventana. ¿Qué opina de esas intervenciones?
– Yo también los defiendo a los efectivos cuando hacen las cosas bien. No se pueden conducir las fuerzas si no es cuidando al personal, más ahora en la cuarentena.
-Pero la exministra dice que cuidó a los efectivos más que nadie.
-No es cierto que Bullrich haya cuidado a las fuerzas federales. Es un discurso para afuera que no se reflejó ni en el cuidado del personal, ni el material, ni el equipamiento, ni en el modo en que los dispersó. Las fueras federales dispersas no son útiles. No son policías, tienen una doctrina distinta. En Gendarmería, Prefectura y la PFA hubo mucho destrato. Fue algo promovido desde arriba hacia abajo y parte de ese destrato se reflejó en lo que ocurrió con Santiago Maldonado. La conducción política en ese operativo muestra que hubo un descuido absoluto que terminó con la muerte de Maldonado. Hay una responsabilidad política de Bullrich que hay que marcar.
–También se conoció el nivel de despliegue de la Gendarmería en tareas de inteligencia interior ¿Lo considera una deuda de la democracia y de todos los partidos que estuvieron en el poder?
-Hay un problema de la democracia con la inteligencia de Estado y con la de las fuerzas federales, que son un apéndice de la inteligencia de Estado. Afortunadamente el presidente se está ocupando con la intervención de la AFI con Cristina Caamaño. Respecto al caso Maldonado, cuando nosotros llegamos hubo muchos movimientos del personal que actuó. Pero hace poco también tuvimos un episodio de una movilización de mineros en Neuquén en plena cuarentena que motivó el pase a disponibilidad de tres personas del Centro de Reunión de Inteligencia de Gendarmería en esa provincia. Uno de ellos estuvo vinculado al episodio que termino con la vida de Maldonado.
-¿Encontró elementos dentro del ministerio sobre mas casos de inteligencia interior?
-Judicializamos información que encontramos acá realizada por personal civil de inteligencia durante la gestión de Bullrich que está vinculada a las personas que fueron a visitar al líder mapuche Facundo Jones Huala y fue impulsada por el servicio penitenciario. Toda la base de información que encontramos se la entregamos a la Justicia, para que defina si es legal o ilegal. Para nosotros es muy gris y necesitamos que la justicia se expida.
-Los conflictos mapuches fueron uno de los ejes del espionaje interior y usted confirma que siguen ocurriendo casos. ¿Hay una autonomía de ese aparato?
-Yo no creo en la autonomía, hubo una conducción política clara y un direccionamiento hacia dónde tenían que hacer inteligencia las fuerzas federales y el personal civil de inteligencia. Ahí no hay autonomía.
–En la provincia de Buenos Aires hay funcionarios y especialistas que sostienen que si no hay un ministro como Berni, la bonaerense se autogobierna. ¿Cuál es su punto de vista?
-No hay una sola forma de la conducción y esas formas cambiaron radicalmente. Es importante tener en cuenta el cambio, porque nadie conduce solo a través de su personalidad, conduce con el consentimiento del personal subalterno, y quienes consienten esa autoridad están atravesados por características particulares de las nuevas generaciones. Eso hay que entenderlo. Si no se entiende ese concepto tenés pequeñas rebeldías que pueden ser graves, por eso insisto en el acompañamiento, la supervisión y dar órdenes que puedan ser cumplidas. No hay uno que decide, sino que lo hace porque tiene la capacidad de escuchar y asesorarse, de los rangos más jóvenes. La conducción no está sostenida en la discrecionalidad y la arbitrariedad de los años 70 y 80. La base de la autoridad era el maltrato la humillación y el desprecio al otro y eso los pibes jóvenes no lo toleran.
-Durante la gobernación de Vidal, su ministro Ritondo fue acusado de ejercer la voz de mando porque hacía lo que querían los mandos policiales ¿Qué cambió con Berni?
-No podría opinar sobre eso, yo no tengo el conocimiento del vínculo que tiene con la policía. No lo veo porque no dependen de mí. No sé qué relación tiene con la bonaerense, es un médico militar que tuvo un paso por la vida militar hace mucho tiempo y no tengo elementos para decir cómo se vincula. Una cosa es el discurso en la tele y otro es el trato cotidiano, y ese no lo conozco.
