“Estamos ante un 90 por ciento de la población que descree del Poder Judicial», expresó el ex juez de Cámara Carlos Rozanski. Fue en su exposición en el plenario de comisiones del Senado que debate el proyecto de reforma judicial enviado por el presidente Alberto Fernández al Congreso.
El día después de la movilización opositora en distintos puntos del país, y mientras en Diputados el lavagnismo se sumó a la postura en contra de la reforma que tiene Juntos por el Cambio, los senadores que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales y la de Justicia escucharon nuevos puntos de vistas.
En ese marco, Rozanski, ex presidente del Tribunal Oral Número 1 de La Plata, expresó: “Aquí reafirmé el apoyo ferviente a este proyecto. Por quienes hablaron a favor y también por quienes hablaron en contra. Por eso es interesante escuchar estas exposiciones ante las comisiones». “Tenemos una Justicia patriarcal, discriminatoria y aristocrática. Con esas características estamos ante un 90% de la población que descree de su Poder Judicial”, remarcó el miembro fundador del Foro Para la Justicia Democrática. Y señaló que “todo proceso de avance social genera reacciones y este proyecto es un avance indiscutido que genera reacciones negativas de los que pierden privilegios”.
Rozanski, además, afirmó: “Queremos una justicia sensible a las necesidades de la gente y acorde al paradigma actual de derechos humanos”. “Creo que es una osadía maravillosa del presidente plantear una reforma judicial que nos lleve a una justicia mejor frente a un sistema que ha tolerado lo peor. No sólo en dictadura sino también en los último 4 años”, opinó.
Quien también apoyó el proyecto fue el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Él manifestó que “hay que contar con una justicia adecuada para preservar la integridad de las personas y la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales».
Barcesat, levantó el pulgar a la intención de ampliar el número de jueces y que se unifiquen fueros. Indicó que “la diversificación de los mismos se convierte en un campeonato de incompetencias» y pidió “deconstruir el lawfare” de Comodoro Py.
El constitucionalista presentó al plenario dos propuestas para el artículo 70, correspondiente al título 4 del proyecto, donde se dan directivas para el accionamiento del poder judicial en materia penal. La primera, muy “ligada al lawfare”, sostiene que “toda prueba que aporten las partes en las causas judiciales deberán ser legalmente adquiridas. Las pruebas que no reúnan los requisitos de legalidad deberán ser anuladas aún de oficio por el tribunal interviniente”.
Por otro lado propuso que “toda información que se entregue por funcionario judicial a los medios de comunicación deberá ceñirse a los actos producidos en las causas y con sujeción a los requisitos del artículo 42 de la Constitución Nacional que establece brindar información adecuada y veraz”. “Acá hay un nunca más a esto de que algunos medios de comunicación anticipen las sentencias”, explicó.
Entre las voces que rechazaron el proyecto estuvo la del ex juez del Tribunal Oral en lo Criminal Número, Miguel Caminos. Advirtió que el proyecto “debilita a una Justicia que ya está mermada por la cantidad de vacantes”. Sostuvo que “la superabundancia de jueces conspira” contra la aplicación del sistema acusatorio que requiere “más fiscales”. Y aclaró que ese sistema “no resuelve la independencia de la justicia”.
Durante el encuentro, conducido por la senadora María de los Ángeles Sacnun y el senador Oscar Parrilli, titulares de las comisiones que están trabajando el proyecto, pasaron otros 11 oradores, entre ellos abogados de derechos humanos como Pablo Llonto. Ahora la reunión pasó a un cuarto intermedio para mañana miércoles a las 16. Según pudo saber Tiempo, será sin expositores ya que el oficialismo aspira a emitir dictamen favorable para llevar el proyecto al recinto.
