El poderoso empresario Aldo Roggio no logró aún conseguir la sortija que obtienen los arrepentidos de la causa de los cuadernos. Hoy volvió a los tribunales federales de Comodoro Py pero se fue del edificio sin conseguir que el juez federal Claudio Bonadio homologara su ingreso al programa de imputados colaboradores. Aunque tiene una ventaja por sobre el resto: no debió pasar ni un minuto detenido.
El empresario había comenzado el viernes último a negociar su acuerdo de colaboración con el fiscal federal Carlos Stronelli luego de que trascendiera que su nombre aparecía una vez en los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta en el Ministerio de Planificación. Pero la negociación aún no terminó: el juez de la causa no decidió aún si homologará el acuerdo, informaron fuentes judiciales. Está previsto que Roggio continúe con su indagatoria mañana.
El dueño de la constructora que lleva su nombre le habría dicho a la justicia que efectivamente entregó dinero al kirchnerismo –como se indica en los cuadernos de Centeno- pero que se trató de efectivo que era suyo y que lo aportó para la campaña electoral. Con ese argumento varios empresarios habían conseguido ser ingresados al régimen de imputados colaboradores y salir en libertad cuando en la causa todavía no había arrepentidos. Pero ya no sería suficiente.
“No hay sortijas para todos”, les habían hecho saber desde la fiscalía a los empresarios imputados en la causa de los cuadernos cuando todavía ninguno había confesado nada. El mensaje incluía la invitación a arrepentirse a cambio de conseguir los beneficios judiciales que puede obtener un imputado colaborador. En muchos casos el beneficio fue recuperar la libertad. Aunque está libre desde el principio de la causa, Roggio todavía no logró conseguir su sortija. Los investigadores pretenderían que diga algo distinto.
Esta tarde también se presentaron en los tribunales de Comodoro Py otros dos empresarios con intenciones de colaborar con la investigación de una supuesta asociación ilícita que incluía a ex funcionarios kirchneristas y a empresarios de la construcción: el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Juan Chediack, que logró convertirse en arrepentido, y Gabriel Benjamín Romero, dueño de Emepa, que inició su negociación con el fiscal Stornelli.
