Cambiemos le pasó factura a la conducción del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a cuyo líder, Jorge Rizzo, responsabiliza en parte por el fracaso de la reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal.
El martes por la tarde, después de que el gobierno resolviera bajar el proyecto que apuntaba a recortarle poder a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, voceros del oficialismo le anunciaron a Rizzo que «se olvidara» de la sanción de la ley de «honorarios profesionales», una vieja reivindicación de los abogados porteños, que fue promesa electoral de Rizzo cuando obtuvo por cuarta vez la presidencia del Colegio, en alianza con abogados del PRO y de la UCR.
La ley de honorarios profesionales apunta básicamente a garantizar los ingresos de los abogados «de a pie»; los representantes de los grandes estudios ciertamente la necesitan menos porque tienen un flujo de dinero que les ensancha las espaldas, pero una enorme mayoría de los más de 100 mil matriculados esperaban la sanción de esa norma como una forma de garantizarse una mejor calidad de vida devenida de su trajinar diario por los tribunales.
Rizzo denunció diez días atrás que Cambiemos había canjeado el apoyo del bloque del massismo a la reforma del Ministerio Público Fiscal para sacar a Gils Carbó. A cambio, el oficialismo se comprometía a sancionar la ley de «matrícula federal», un gigantesco negocio que obligaría a abogados de otras jurisdicciones pagar un adicional para ser habilitados a accionar en su distrito ante tribunales federales y la Corte Suprema. ¿Cuáles podían ser esas causas? Esencialmente, las previsionales, un terreno en el que Massa se mueve como pez en el agua.
Caída la reforma del Ministerio Público Fiscal, la matrícula federal también quedó en la nebulosa y con un futuro por demás incierto.
Rizzo recibió ayer la reprimenda por su actitud y el anuncio: «Olvidate de la ley de honorarios». El vicepresidente segundo del Colegio, Daniel Angelici, acaba de regresar al país tras una larga ausencia. Meses sin pasar por la sede del organismo que regula la matrícula de los abogados porteños.
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