El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, señaló esta mañana que están abiertas «todas las hipótesis» en la investigación por el asesinato de un militante de la CTEP en una toma de tierras en La Matanza, y reconoció que el gobierno debe verificar qué tipo de armas tenían los efectivos policiales que actuaron como refuerzo en el operativo de represión.
“En principio estaría verificado que todos los efectivos que estaban en el lugar para tareas de protección y posibles refriegas portaban balas de goma, pero cuando se desbordó la situación comenzaron a aparecer refuerzos, dos patrulleros de seccionales cercanas y tenemos que verificar las armas que ellos portaban. Estamos detectando si hubo o no armas de fuego”, puntualizó en declaraciones periodísticas.
Desde un primer momento los referentes sociales y testigos de la represión apuntaron a la responsabilidad policial en la muerte del joven Rodolfo «Ronald» Orellana.
El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, se sumó horas después a la explicación del procurador provincial y reconoció que existen dos hipótesis centrales en la investigación. «La primera es que la bala haya salido de uno de los grupos que se disputaban el terreno y la otra es un mal accionar policial», subrayó. Y destacó: «Vamos a colaborar para que esto se esclarezca».
Esta mañana Conte Grand debió admitir que es materia de investigación el tipo de armas que llevaban los efectivos que actuaron como refuerzo.
“Estamos alerta y todas las hipótesis están siendo analizadas. Esperamos los resultados de la autopsia definitiva”, subrayó el representante del Ministerio Público Fiscal bonaerense.
El jefe de los fiscales bonaerenses contó que “en principio se dijo que el deceso se habría producido por una intervención de un elemento punzante, pero después la autopsia preliminar lo descartó, y se está trabajando sobre que el hecho se produjo por un proyectil que habría ingresado en el omóplato del cuerpo de la víctima, y habría salido por la parte facial”.
Pero insistió en que habrá que “confirmarlo con la autopsia definitiva” que se realiza en la morgue del partido bonaerense de Lomas de Zamora.
Conte Grand también precisó que se dio intervención a Asuntos Internos de provincia de Buenos Aires -la fuerza que podría estar involucrada en el asesinato-, y que hasta el momento “se tomaron varias declaraciones”. Y justificó: «La investigación la hace la Fiscalía no la Policía, lo que hace la Policía es la investigación interna en todo lo que fue la intervención de los policías. La utilización de las fuerzas de seguridad la decide la Fiscalía”, subrayó.
Orellana, padre de 5 hijos, cayó muerto la madrugada del jueves alrededor de las 6:00 en un predio ubicado en la ruta 4 y Autopista Ricchieri, en Ciudad Evita, en el oeste del Conurbano. El hecho se produjo en medio de una violenta represión de las fuerzas de seguridad.
“No tenemos información de alguna orden de desalojo. No fue la causa una orden de desalojo si no una situación interna. El predio estaba jurisdiccionalmente a cargo de la Justicia federal», puntualizó Conte Grande.