La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de un funcionario del actual gobierno designado en setiembre de 2017 por haber omitido presentar sus declaraciones juradas patrimoniales que le exige la ley de Ética Pública.

Se trata de Horacio Aníbal Pugnaloni, quien está imputado por el delito de “enriquecimiento ilícito” y había sido sobreseído por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien consideró que “el hecho investigado no encuadra en una figura legal”. El imputado argumentó que no había sido notificado sobre su obligación de presentar las declaraciones juradas, pero el fiscal Carlos  Rívolo advirtió que las notificaciones “fueron cursadas al domicilio que constaba en su legajo personal y fueron recibidas por su madre y por su hijo”.

“Frente a la necesidad de descartar que haya omitido maliciosamente presentarlas, corresponde ahondar respecto de las razones que motivaron el incumplimiento. Es importante verificar si había presentado en el último tiempo las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción o la Secretaría de Agroindustria de la Nación o bien que se profundice si por algún motivo se vio impedido de cumplir con su obligación”, sugirió la fiscalía al apelar el sobreseimiento.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi coincidieron con ese criterio.  “Compartimos las objeciones planteadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal en ambas instancias en tanto entendemos que es prematura la decisión de la  desvinculación del imputado de la presente causa. Las notificaciones cursadas al domicilio que surgían de su legajo personal y que fueron recibidas por miembros de su familia cumplen los requisitos de una notificación fehaciente, en los términos del tipo penal en cuestión, por lo que, a nuestro entender, el sobreseimiento del imputado no puede sustentarse en tal circunstancia”.

La Cámara subrayó “la importancia de determinar si durante este lapso de tiempo presentó la declaración jurada correspondiente ante algún organismo y las circunstancias que llevaron al imputado a no cumplir con la obligación que le compete”.

Los camaristas pidieron que “se lleven a cabo otras tendientes al avance de esta pesquisa con el objetivo de determinar si el imputado actuó o no con malicia”.

Pugnaloni, dirigente agrario de la localidad bonaerense de General Villegas,  fue designado en setiembre de 2017 mediante la Decisión Administrativa 733/2017 como titular del Registro de la Agricultura Familiar, dependiente del subsecretario del área, Juan Manuel Pomar. Entre sus antecedentes políticos figura que fue precandidato a senador provincial en 2013 por Compromiso Federal, antecesor de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

La causa en la que está investigado es la 1096/2019, según el registro de la justicia federal porteña.