Como si conviviesen múltiples realidades paralelas, las primeras dos semanas de campaña electoral ofrecieron una muestra de lo que será la disputa política conforme se acerquen las PASO para la elección de medio término. Mientras las encuestas ponen a la economía, el trabajo y la salud al tope de las preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, y el gobierno nacional y sus correlatos provinciales se dedican a monitorear vacunas, casos de Covid, la variante Delta y la reconstrucción del tejido productivo, una lista de ingresos a la Quinta de Olivos durante la pandemia se instaló de prepo en la cotidianeidad de todos para ratificar que los días por venir serán hostiles.
El problema no fue la lista, sino el recorte que medios poderosos y políticos sin escrúpulos decidieron hacer de ella. La elección de las mujeres –Sofía Pacci primero y Florencia Peña después–, la interpretación misógina que todos vimos desfilar ante nuestros ojos, la violencia con la que fue reproducida por dos diputados de la oposición, y las otras reuniones, pero de la gestión anterior, que esos mismos grupos eligieron esconder, todo lleva la marca indeleble del barro de estos tiempos.
Porque mientras en la televisión y las redes sociales se libraba la batalla sobre la retórica de Fernando Iglesias y Waldo Wolff para referirse a Florencia Peña, y la reacción solidaria con la actriz llegaba lenta pero sostenidamente desde organizaciones, instituciones, personalidades y ciudadanos y ciudadanas comunes, el supuesto affaire de los ingresos a Olivos seguía su curso y terminaba en causa judicial. Una vez más.
El macrismo en sus expresiones más extremas vuelve al juego que mejor sabe jugar: el de romper con los acuerdos básicos de esta sociedad y obligarla a debatir lo que ya había sido saldado. Así como puso en duda la cifra de los detenidos-desaparecidos, ahora instala que el ingreso de una actriz a la residencia de Olivos solo puede estar vinculado con servicios sexuales –en pleno debate sobre la necesidad de deconstruir la sociedad con perspectiva feminista– y, en el mismo acto, echa barro sobre el presidente. Instala, por ejemplo, que un jefe de Estado y su Gabinete debían tener la misma conducta que los ciudadanos comunes durante el aislamiento, cuando el mundo estaba en emergencia y la gestión estallaba de nuevas demandas y frentes por atender.
El solo repaso de la lista que hace algunas horas difundió el portal Chequeado pone las cosas en su justo término. Al presidente lo visitaron en la residencia de Olivos sus ministros y secretarios, pero también dirigentes políticos opositores, empresarios, sindicalistas, artistas, productores y hasta periodistas antikirchneristas furiosos que son figuras en los mismos medios que luego se sumaron a la difusión amañada de esa información.
Esa nómina vale también por las ausencias: al parecer, ningún juez tuvo necesidad de ir a pedirle instrucciones al jefe de Estado, como ya se sabe que ocurrió con los camaristas que visitaron a Mauricio Macri en la quinta. Mariano Borinsky, por caso, lo hizo 16 veces.
En la misma semana, y oculta por el “escándalo Olivos”, se conocía otra reunión: la que la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el entonces jefe de Gendarmería, Gerardo Otero, mantuvieron junto al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, horas antes de que se concretara el envío ilegal de armas a Bolivia para sostener el golpe de Estado contra Evo Morales.
Pero es mejor que sobre eso se expida la Justicia.
