Roberto Pellegrini y Oscar Torralvo, ex funcionarios empresariales de la siderúrgica “Acindar”, están entre los 29 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 67 personas desde marzo de 1975 y durante la última dictadura cívico-militar. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó a comienzos de noviembre la elevación a juicio de esta causa, que investiga la represión ilegal en la localidad de Villa Constitución (Santa Fe) sobre trabajadores y trabajadoras, militantes políticos y sindicalistas. Se trata de uno de los casos emblemáticos de responsabilidad empresarial durante los años de plomo.
Además de los empresarios imputados, lo están ex miembros del Ejército, de la Policía Federal y provincial y de Prefectura Naval, por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios.
Los 29 imputados fueron procesados por el Juzgado Federal 4 de Rosario en marzo de 2020; sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó en parte el procesamiento sobre Pellegrini y el ex militar Antonio Federico Bossié, y dictó la falta de mérito para otro ex militar Bernardo Luis Landa y para Torralvo. La fiscalía y las querellas, entre las que está la Secretaría de Derechos Humanos, recurrieron a la Cámara Federal de Casación Penal, que admitió los recursos y desde fines de octubre analiza el expediente.
Al menos 18 personas vinculadas al caso de la siderúrgica fueron asesinadas, ocho permanecen desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas, según relevó la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO.
Durante la investigación judicial, con el aporte imprescindible de las y los sobrevivientes que brindaron testimonio, se logró probar el rol central que tuvo la empresa en esos crímenes: confeccionó listas de personas a detener, permitió el ingreso de los grupos de tareas a la fábrica para realizar secuestros y aportó información para identificar y ubicar a las víctimas en sus domicilios. También dispuso espacios físicos de la planta para el funcionamiento de un centro clandestino de detención, en el denominado Albergue de Solteros, cedió vehículos, vivienda y abonó un sobresueldo a las fuerzas represivas.
La siderúrgica estuvo presidida por José Alfredo Martínez de Hoz hasta 1976, cuando fue designado ministro de Economía por la dictadura y su lugar en el directorio fue ocupado por el general Alcides López Aufranc.
Pellegrini, ex jefe de relaciones laborales de la siderúrgica, y Torralvo fueron empleados jerárquicos al momento de los hechos y son los dos únicos responsables empresariales que fueron procesados en la causa. Son muchos los testimonios que los mencionan como los nexos directos entre la empresa y las fuerzas represivas. Otros posibles imputados civiles fallecieron antes de que el proceso judicial avance respecto a su responsabilidad o fueron apartados por problemas de salud, una evidencia de la resistencia del Poder Judicial a investigar estos casos, tal como señaló la Secretaría de Derechos Humanos.
El resto de los acusados son ex militares del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, sede del Área Militar 132; ex miembros de la Policía Federal de la Delegación Rosario y de la Dirección General del Interior; ex integrantes de la Prefectura Naval de Rosario y de Villa Constitución y ex policías de la Provincia de Santa Fe y de la Guardia Rural Los Pumas.
