El Consejo de la Magistratura respaldó la conducta de los jueces federales que a lo largo de 2016 precipitaron investigaciones contra exfuncionarios kirchneristas en expedientes que tuvieron una lenta tramitación durante años. Los beneficiados resultaron ser los jueces Ariel Lijo, Julián Ercolini, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y Daniel Rafecas. “No cabe, por la vía del control disciplinario, cercenar el ejercicio de la deliberación y decisión que deben gozar los jueces en los casos puestos a su conocimiento. Admitir tal proceder significaría atentar contra la independencia del Poder Judicial en su correcta dimensión”, dijo el plenario del Consejo, al rechazar un pedido colectivo de juicio político presentado por el abogado Miguel Bootello, el mismo que impulsó la investigación judicial que terminó con la condena contra la exministra de Economía Felisa Miceli por el dinero hallado en un armario de su baño privado en la cartera de Hacienda durante el kirchnerismo.

En un furibundo escrito, Bootello había denunciado: “Durante la ‘década ganada’ fuimos testigos de la decadencia de la justicia y de jueces que ‘dormían’ en los cajones de sus escritorios denuncias que afectaban a los funcionarios del gobierno, incluidos los presidentes o particulares que lucraban con el dinero de nuestro pueblo, en negociados escandalosos”.

“Con la llegada de un gobierno de otro signo político, estos delincuentes se han apresurado a desempolvar estos expedientes cajoneados y a activarlos a un ritmo que nos sorprende a todos, sobre todos a aquellos que somos profesionales del derecho. Estos jueces corruptos son los grandes responsables de los daños patrimoniales que sufrió nuestro país”, embistió el denunciante.

El escrito enumeró al menos una situación en la que cada uno de los jueces denunciados despertó expedientes después del 10 de diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri sucedió a Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la Nación.

Bootello también cuestionó al exjuez Norberto Oyarbide: “El juez más corrupto que conocí en mi vida”.

Para el Consejo, la presentación no fue una denuncia sino “una expresión de su descontento con una supuesta situación institucional que considera como la ‘decadencia de la justicia’ abarcativa del poder político de la administración nacional previa”.

Pero “la disconformidad con las decisiones jurisdiccionales de los magistrados y con el contenido de aquellas, no pueden ser materia de análisis por este Consejo de la Magistratura”.

La resolución del Consejo avala la actuación de los jueces que aceleraron las investigaciones durante el transcurso de 2016. “Se advierte con claridad de las presentes actuaciones, la ausencia de conductas que pudieran constituir faltas de carácter disciplinario… como tampoco es posible comprobar indicios de hechos que alcanzaran a implicar supuesto alguno que constituya causal de mal desempeño”, subrayó el pronunciamiento del plenario. «