Dirigentes y militantes de un amplio espectro político criticaron la utilización política del PRO de los casos de violencia institucional ocurridos durante la pandemia. El partido que preside Patricia Bullrich emitió un documento en el que denuncia “los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país”. 

El desdén que el PRO mostró por los derechos humanos y las garantías constitucionales durante su gestión contrastó fuertemente con el documento que emitieron, en el que mencionan los casos de Florencia Magali Morales y Franco Maranguello muertos en las celdas de dos comisarías de la provincia de San Luis, la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza por la policía de Tucumán, la muerte de Hugo Coronel en Santiago del Estero tras estar detenido en la comisaría décima, la brutal agresión contra una familia de la comunidad qom en Chaco.

“Son muy cínicos y muy perversos”, los definió Sergio Maldonado en una entrevista radial. “Al PRO nunca le interesaron la violencia institucional, la violencia de Estado, los derechos humanos”, y recordó que “la presidenta del PRO es Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad que arengó a las fuerzas, ascendió a gendarmes (involucrados en el caso de su hermano Santiago), la que felicitó muchas veces y recibió en la Casa Rosada a Chocobar, la impulsora de ‘el que quiere andar armado que ande armado’. Se entiende que lo que están haciendo ahora es un uso político partidario. No les interesan ni Luis Espinoza, ni los qom, no les interesa nada”, explicó claramente.

El secretario de Derechos Humanos también se ocupó del tema y sacó una declaración en la que reclama que “la lucha contra la violencia institucional no debe ser una lucha oportunista sino una posición democrática inquebrantable”. En ese mismo documento se detallan las acciones que tomó su cartera en los casos que menciona el documento del partido fundado por Mauricio Macri y que fue firmado por el exsecretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.

La familia del músico Diego Cagliero, que fue emboscado y asesinado por agentes de la policía bonaerense en Tres de Febrero, tampoco pudo dejar de exponer ese documento: “Todxs ellxs son funcionarios del Pro que, con el aparato del Estado, perpetuaron todas estas violaciones; políticas de Estado de la que hoy se quieren limpiar. Nos quieren vender humo con un comunicado siniestro. Quieren ponernos un velo y escribir una historia selectiva de lo que pasó. Creen que no tenemos memoria, cuando en su gestión, aplaudían el accionar de las fuerzas. Hipócritas en toda su gestión. Hipócritas y siniestros hoy, sacando un comunicado de cara a las urnas. Porque es lo único que les importa. Ni las vidas que se llevaron, ni estos pibes, ni nadie. Sólo las urnas”.

Estas voces y otras se encargaron de señalar que el partido que instauró la doctrina Chocobar, que avaló desde que Gendarmería baleara a una murga en Flores hasta el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel carece de la dignidad para emitir tal comunicado y que éste es sólo una muestra del “cinismo” de sus dirigentes. Hace pocos días, los firmantes del documento de la “infectadura” cometieron la misma culpa, mencionar a las víctimas de crímenes aberrantes ejecutados por agentes del Estado sólo por correr por izquierda al gobierno nacional. 

En una entrevista a un diario porteño, Horacio Pietragalla, explicó que la secretaría que dirige recortó “los recursos” durante el macrismo. Y puntualizó que “hubo vaciamiento, se cortaron las políticas contra violencia institucional. La asistencia a las víctimas también. Ahora estamos rearmando, con poco personal en un momento en el que el teléfono no para de sonar”. El secretario de DD.HH. dejó en claro la posición del Ejecutivo: “Si queremos erradicar a largo plazo la violencia institucional, lo que debe haber es sanción política desde la conducción de la fuerza. Lo que nunca puede haber es habilitación política para que estas cosas sigan sucediendo”.