La referente de la Correpi María del Carmen Verdú dio una conferencia de prensa frente a la comisaría de la Comuna 15 (Av. Guzmán 396) para hablar de los casos de los treinta detenidos, de las circunstancias de la extrema violencia de su detención, de la desmedida carátula de la causa y de los antecedentes del juez “cazaperiodistas” Martínez De Giorgi.

Verdú hizo hincapié en que la principal preocupación es que el juez se negó a permitir que los abodados y/o familiares de los detenidos pudieran verlos para chequear su estado de salud. “No sabemos cuál es la situación de salud de los detenidos. Algunos medicos del Same, nos hablan de golpes y hematomas, pero sin detalle suficiente.”

La abogada explicó que los detenidos pueden dividirse en dos grupos bien identificados, por un lado los trabajadores de prensa, y por otro lado, los detenidos al azar. “Los trabajadores de prensa ponen el cuerpo para obtener los registros fílmicos o de fotos que nos permiten verificar cómo sucedieron los hechos con la certeza que luego exigen los tribunales, como sucedió con la trabajadora de C5N en el caso de Mariano Ferreyra o en Puente Pueyrredon. Ellos saben que ese trabajo es fundamental. En este caso se puede ver el documento que el compañero de Antena Negra obtuvo con su propio celular, donde se escucha y ve a un policía que dice ‘Ese está filmando, agarralo’, y por suerte pudo tirarle el celular a una colega que agarró el celular y ahora tenemos esa imagen en las redes. Esto no muestra que esta superabundancia de trabajadores de prensa detenidos anoche es una clara acción política contra ustedes. Los cazan para que no puedan reproducir lo que registran.”

Por otro lado, indicó que hay un grupo de personas que han sido detenidas al azar “para llevar una acción ejemplificadora, un acto de escarmiento”. Es el caso de un venezolano que ni siquiera participó de la movilización de Plaza de Mayo: “No hay ninguna circunstancia que amerite una calificación de la gravedad que ha impuesto el juez Martínez De Giorgi”.

Además de la intimidación pública, se suma el atentado y resistencia a la autoridad, que es la máscara que utilizan las fuerzas de seguridad con el aval del Poder Judicial para encubrir la represión y el uso exesivo de fuerza, ya que saben que va a haber denuncias por la violencia con que llevaron a cabo la detención. “Entonces el preso antes de acusar a la policía debe defenderse de esa acusación. Este delito en los últimos seis meses se ha triplicado durante movilizaciones”, puntualizó Verdú.

El juez Martínez De Giorgi y la persecusión a la prensa
El juez De Giorgi, que ordenó la detención hasta el lunes de todos los detenidos, es viejo conocido de los trabajadores de prensa, a quienes tiene de objetivo privilegiado. La dirigente de la Correpi recordó dos casos resonantes, el primero es que mantiene procesados a los trabajadores de Antena Negra TV; y el segundo es que junto a Daniel Rafecas vienen cajoneando “la causa contra Martínez Rojas, su patota y la Policía Federal por el ataque criminal a la redacción de Tiempo Argentino y radio América el 4 de julio del año pasado. Ese contuvernio duerme en la Corte Suprema, que parece que no tiene tiempo para un ataque a la libertad de expresión”, remató la abodada.

Para finalizar exigió que el juez se presente para que los abogados puedan asumir la defensa de los detenidos formalmente y fundamentalmente poder verlos: “Necesitamos esto para volver a nuestra preocupación fundamental que es la desaparición de Santiago Maldonado.”