Durante los dos primeros años de gobierno nacional de la alianza Cambiemos, las fuerzas de seguridad pública provinciales y federales estatales detuvieron a un manifestante cada dos días en el marco de la represión de protestas sociales y laborales. También, la represión aplicada arrojó el resultado de un herido cada dos días. Estos datos surgieron de un relevamiento concretado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que abarca desde enero de 2016 a noviembre de 2017 inclusive, y que se difundió en las últimas horas.

En ese período, según relevó el CEPA, se registraron 111 hechos represivos en distintos conflictos socio-laborales. El informe releva que en estos hechos se detuvo a 354 manifestantes, y resultaron heridos alrededor de 328. El promedio indica un hecho cada siete días, un detenido cada dos días y un herido también cada dos jornadas.

Además, el número de casos de represión socio-laboral aumentó este año en relación a 2016. El año pasado se produjeron 55 hechos de represión, mientras que en 2017, hasta el mes de noviembre totalizan 56 casos. Es decir, en 2016 el promedio alcanzó los 4,58 casos por mes, mientras que, en 2017, el promedio asciende a más de 5 casos mensuales. 

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Entre las principales causas de las manifestaciones, el 31,5% responden a los despidos y reclamos salariales, el 18% a reclamos de alimentos y asistencia mediante programas sociales, así como al derecho a poder trabajar en la vía pública. Un 17,1% de las acciones consistieron en protestas contra las políticas de ajuste y el reclamo de fuentes de trabajo, mientras que el 13,5% se refirió a reclamos contra desalojos y por daños causados por temporales (inundaciones).

Entre los destinatarios de la represión, el relevamiento dio cuenta de que más de la mitad de los hechos represivos (52%) se llevaron a cabo contra la movilización de trabajadores –formales e informales-, el 24% contra militantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 6% contra pueblos originarios y el 4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad.

El informe, también, remarcó que “la judicialización de la protesta alcanzó la detención de dirigentes sociales, dirigentes de gremios, e incluso diputados”. 

Para contextualizar el relevamiento en su totalidad, se citó una advertencia del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni, quien en declaraciones periodísticas, durante abril de este año, advirtió: «(Por) esta escalada de represión de la protesta, desgraciadamente no va a tardar mucho en haber un muerto». Y en ese sentido, se afirmó: “las recientes muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en el marco de la actuación de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, bajo el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación, colocan al presente debate en el centro de la agenda pública”.

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A nivel federal, sobresale el rol de las policías provinciales como principales instrumentadores de la represión. Las policías provinciales participaron en el 73% de los conflictos, con un 78% de personas detenidas y 75% de heridos. La gendarmería por su parte participó en el 13% de los casos, con un 5% de los heridos y un 2,5% de los detenidos. 

Cuando actuaron en conjunto gendarmería nacional con policías provinciales, abordaron el 8% de los casos, 2,5% de las detenciones, 0,5% de los heridos. 

La Policía Federal actuó solamente en el 3% de los casos, pero significó el 10% de las detenciones y 2,5% de los heridos. 

Y finalmente, en el 3% de los casos actuaron la Policía Federal en conjunto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, implicando ello 7% de los detenidos y 17% de los heridos.