El sorteo del tribunal que juzgará a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados de volar la AMIA (la denuncia del fiscal Alberto Nisman poco antes de morir) dibujó en el Poder Judicial un nuevo escándalo. Peor aún: no sólo alentó especulaciones sobre un método amañado, sino que dejó al tribunal sin fiscal. Hoy redactó su renuncia el fiscal Carlos Giménez Bauer, quien tenía a su cargo el rol de acusador público en ese juicio.
Dimitió antes de saber que debía intervenir en el juicio contra la ex mandataria y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros. En rigor, Giménez Bauer quien hoy trabajó normalmente- planteó su renuncia casi en simultáneo a saber que el Tribunal Oral número nueve, convertido ahora por decisión de la gestión judicial de Cambiemos en Tribunal Oral Federal, debía juzgar también al empresario Lázaro Báez, en la causa por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública y supuesto lavado de activos.
El tribunal número nueve era un tribunal de competencia ordinaria. Como los tribunales orales federales son pocos, entonces por impulso del oficialismo y con la venia del Consejo de la Magistratura pasó de juzgar robos comunes, hombres golpeadores, homicidios en riña y delitos de esa naturaleza, a tener competencia para determinar qué funcionarios (ex funcionarios) deben ir presos.
De la misma manera que en el gobierno anterior, desde sectores internos del Poder Judicial, se hablaba de tribunales K, hoy el oral número nueve es considerado, en la interna de los ámbitos judiciales, como un tribunal M. El calificativo acaso sea injusto, pues aún no ha intervenido en ningún expediente de relevancia política. Pero, en todo caso, goza de una protección mediática importante: las sospechas y cuestionamientos de origen que son moneda frecuente en la interna judicial no tienen correlato en los medios de comunicación.
Ayer, el juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio la causa por el presunto encubrimiento. Se trata del mismo expediente en el que el juez creyó ver traición a la patria y la Cámara lo corrigió. La causa por la que están presos, entre otros, el ex secretario general de la presidencia Carlos Zanini y el dirigente piquetero Luis DElía. Hoy, la defensa de la ex jefa del Estado pidió que el sorteo para determinar qué tribunal debía llevar adelante el juicio, en una fecha imprecisa pero probable del año electoral 2019, fuera manual. A la vieja usanza: con bolillero.
No era complicado: se debía sortear entre nueve tribunales, es decir nueve bolillas. Ese pedido le fue denegado.
En la Justicia Federal tramita una causa en la que la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini y el propio hombre fuerte de la Cámara Federal, Martín Irurzun, advirtieron que algo raro había pasado cuando se sorteó qué juez de ese fuero debía intervenir en la investigación por la muerte de Nisman. En rigor, había salido sorteado el juez Sebastián Casanello, pero justo se tildó el sistema, lo resetearon, sortearon de nuevo y el elegido fue Julián Ercolini, quien a finales del año pasado y sobre la base de un peritaje de Gendarmería que hace agua por todos lados, estableció que el ex titular de la UFI AMIA había sido asesinado.
En la causa se investiga si el sistema de sorteos es vulnerable. Y un peritaje técnico ya opinó que sí. Hace ocho años, antes de que fuera detenido el dirigente gremial ferroviario José Pedraza por la muerte del militante del PO Mariano Ferreyra, fue denunciada una supuesta maniobra para la elección de un tribunal durante la feria judicial que tenía entre sus misiones conceder las excarcelaciones de los acusados por el crimen. De esa manera, hubiera prevenido la detención de Pedraza, que se concretó poco después. Escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la investigación permitieron detectar que un empleado de la Cámara Federal de Casación, identificado como el señor de las teclas, iba a ser quien manipulara el sorteo. La causa nunca avanzó, pero ya desde entonces queda claro que hay, cuanto menos, un altísimo grado de sospecha sobre cómo se sortean los tribunales.
A sabiendas de eso, la defensa de Zanini pidió poner un perito informático para controlar el sorteo, que se haría mediante el cuestionado sistema de computación. Tampoco se lo permitieron.
Finalmente se realizó el sorteo, y salió elegido el tribunal número nueve.
Con jueces y sin fiscal, la causa va camino al juicio oral acompañada por las dudas, la incertidumbre y la desconfianza de los que van a ser juzgados.
