En España, el presidente Pedro Sánchez anunció un impuesto al beneficio extraordinario de las empresas eléctricas y otro a los grandes bancos. El gobierno del país europeo espera recaudar 3.500 millones de euros para solucionar los problemas de inflación. En Argentina, el oficialismo pretende avanzar con una ley similar, pero su aprobación parece difícil en el Congreso.  

Antes de su salida del Ministerio de Economía, Martín Guzmán presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que apunta a alcanzar a las grandes empresas que incrementaron sus márgenes de ganancia por los efectos ocasionados por la guerra entre Ucrania y Rusia. La oposición se opone porque considera que apunta directamente al sector agropecuario, que este miércoles tomó como medida un cese de comercialización de granos contra el gobierno de Alberto Fernández.  

Por ahora, la nueva ministra de Eonomía, Silvina Batakis, apoya la iniciativa. Considera que “es totalmente justo que cuando hay una renta inesperada que viene por la guerra y no por un esfuerzo que se está haciendo en forma personal, por un trabajador de un sector sino que es una situación totalmente inédita, porque hay una guerra, y va a tener mayores ganancias, es justo que aporte”. 

El proyecto quedó en estudio en la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde parte del oficialismo está interesado en que comience el debate en agosto, luego de que finalice el receso invernal.  En declaraciones radiales, el titular de la comisión, el oficialista Carlos Heller, manifestó que “la pandemia más la guerra han generado en el mundo, no sólo en Argentina, un agravamiento de la ya grave situación preexistente de acumulación en la distribución de la riqueza”.  “Este impuesto es sobre una parte de este incremento; parece muy difícil ponerse en contra porque apunta a un reducidísimo número de empresas”, afirmó.  

Sin embargo, desde Juntos por el Cambio, el titular del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, expresó: «La Argentina no puede soportar nuevos impuestos». Por su parte, Emilio Monzó, de la misma bancada, señaló que «el único plan del gobierno ante la crisis es la creación y el aumento permanente de impuestos a sectores productivos, cuando lo que se necesita es una reforma del sistema tributario». 

Qué dice el proyecto 

El texto apunta a empresas y alcanzaría al 1% de las compañías que operan en el país. Según el gobierno, se estima que pagarían alrededor de 350 empresas. Según indica, deberán pagarlo empresas con ganancia neta imponible o ganancia contable superior a $1.000 millones y cuya ganancia neta imponible haya crecido en términos reales y que cumplan con una de estas condiciones: margen de ganancia (ganancia contable sobre sus ingresos) en 2022, superior al 10%; y aumento del margen de ganancia en 2022 en relación al 2021 de al menos 20%. 

La alícuota será de 15% y se aplicará a la renta inesperada (ganancia neta imponible mayor en términos reales a la del 2021). Se aplicará sobre el ejercicio fiscal 2022 y se pagará en 2023. 

Según estimaciones de la cartera económica, serían unas 350 empresas las alcanzadas y la recaudación por este concepto rondaría los 1.000 millones de dólares.