Los números electorales de las elecciones PASO del 12 de septiembre que el gobierno quiere revertir tras la derrota preocupan al oficialismo en el Parlamento porque de darse un escenario similar en las generales de noviembre el oficialismo en Diputados estaría lejos de avanzar en la mayoría propia, incluso, podría quedar en segunda minoría detrás de Juntos por el Cambio.  

Con este contexto, ya hay representantes del Frente de Todos, que miran con mucha distancia la llegada de los proyectos judiciales al recinto. El polémico proceso de selección del presidente de la Corte Suprema de La Nación, despertó críticas por parte de representantes del oficialismo al manejo de poder que tiene el Máximo Tribunal. Sin embargo, saben que, desde el año pasado, por falta de número, el paquete de iniciativas judiciales como la reforma judicial o el proyecto que pretende modificar la forma de designación del Procurador General no pudieron ser tratadas en el hemiciclo de la Cámara que preside Sergio Massa.  

Al respecto, en declaraciones a Diputados TV, el presidente de la comisión de Justicia Rodolfo Tahilade expresó: “Hay muchas cosas para cambiar. El resultado de las PASO no es auspicioso. Vamos a ver si en noviembre se puede revertir sino esto hace que tengamos una dificultad actualmente y después de noviembre porque en principio pareciera que vamos a un escenario parecido, sin grandes cambios en la conformación de las mayorías, por lo tanto si hasta hoy Juntos por el Cambio se ha negado a tratar las Ley del Ministerio Público -creo es la más importante en términos prácticos- mucho menos lo va a hacer a partir de la nueva conformación de la cámara donde se siga estando parejo”. “Seguiremos intentando porque la realidad nos da la razón”, agregó. 

Los dos proyectos fueron presentados durante 2020, uno por el Ejecutivo Nacional y el otro por los senadores del FDT. Contaron con la sanción del Senado donde hasta diciembre el bloque del Frente de Todos cuenta con quórum propio. Las iniciativas giraron a Diputados donde el bloque que comanda Máximo Kirchner cuenta con 118 diputados a los que pueden sumarse 6 legisladores del interbloque de José Luis Ramón (Unidad para el Desarrollo Federal). Pero no pudo negociar con los legisladores federales, del Frente de Izquierda y la neuquina Alma Sapag para alcanzar su objetivo sin el apoyo de Juntos por el Cambio. 

De no avanzar el año que viene estarían al borde de perder estado parlamentario. Según el reglamento interno: “Todo proyecto de ley sometido a la consideración del Congreso que no obtenga sanción en una de sus Cámaras durante el año parlamentario en que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente se tendrá por caducado. Si obtuvo sanción en alguna de ellas en el término indicado, éste se prorrogará por un año más”. 

El proyecto que modifica la cantidad de votos necesarios para designar al Procurador General de la Nación y que limita el mandato a cinco años tuvo cambios en unos 17 artículos en el recinto del Senado y contó con 42 votos afirmativos y 27 votos negativos.

En la Cámara Baja su debate fue retomado en abril de este año cuando el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, se presentó de manera remota en comisiones y volvió a anunciar cambios que, explicó, fueron consensuados en encuentros institucionales con representantes de peso del sector judicial como Carlos Rivolo (Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público), Marcelo Gallo Tagle (presidente de la Asociación de Magistrados) y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez. 

En tanto que la reforma judicial fue defendida en el Senado por la exministra de Justicia Marcela Losardo y perdió peso en Diputados, donde la exfuncionaria nunca se presentó a exponer la propuesta. En la Cámara Alta, el proyecto que reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias fue aprobado por 40 votos afirmativos del FdT y sus aliados contra 26 negativos de la bancada opositora de Juntos por el Cambio.