En medio de las negociaciones por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, el gobierno nacional avanza en paralelo con la puesta en marcha de una reforma judicial de hecho. El sueño húmedo de las altas esferas libertarias es constituir un sistema jurídico similar al vigente en varios países de occidente, con foco en Estados Unidos, y descomprimir el poder centrista que tienen jueces de primera y segunda instancia e, incluso, la sagrada Corte Suprema.
De esta forma, el oficialismo planea poner en marcha en todo el país el Código Procesal Penal que habilita un sistema acusatorio aprobado por la ley 27.150 en 2015. El mismo establece que la potestad de la investigación pasa a manos del Ministerio Público Fiscal quitándole así el poder que, por ahora, contemplan los jueces durante todo el proceso legal. En síntesis, con esta aplicación, los magistrados no podrán involucrarse en la producción de pruebas ni teorías del caso y sólo se encargarán de definir las condenas.
“El objetivo de acabar con los juicios eternos, darles las herramientas a los fiscales para que puedan meter presos a los delincuentes y combatir el crimen organizado”, dicen desde el Ministerio. Este sistema ya se encuentra vigente en Mendoza, San Luis y San Juan y será presentado en los próximos días también en Santa Fe. En tanto, el 4 de noviembre se implementará en Neuquén y Río Negro, mientras que el 2 de diciembre se pondrá en funcionamiento en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En los planes de la mesa chica libertaria, la aspiración es que este sistema pueda ser implementado en todo el país en un año.
Según pudo saber este medio, la intención del gobierno es descomprimir la sobreutilización del sistema judicial a través de lo que ellos mismos denominan la “industria del juicio”. Para esto, se empoderarán las figuras de los fiscales a los que el gobierno planea contentar ejecutando un abultado presupuesto para que puedan poner en marcha este nuevo sistema. Un poder inconmensurable en un país en el que sentar políticos en el banquillo de los acusados es deporte nacional.
Para esto, entre la Casa Rosada y el Ministerio de Justicia trabajan a contrarreloj para encontrar el candidato ideal para ocupar la Procuración General de la Nación. Por deseos de la cúpula de gobierno, en el mileimato el jefe de los fiscales pasará a tener un rol central, que estará apalancado en el poder que le dará la puesta en marcha de los juicios por jurado.
A pesar de las intenciones del oficialismo, la reforma no es vista con buenos ojos en las principales arcas del sistema jurídico. En Comodoro Py -cuyo principal referente es el juez federal Sebastián Casanello- ya hicieron saber de primera mano el descontento que les supone perder la potestad de la lapicera jurídica que albergan los doce juzgados federales que juzgan los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El mismo malestar habrían deslizado desde la Corte Suprema de Justicia.
Estas advertencias son tomadas con cautela desde el gobierno. Conscientes del poder de fuego que tiene la “casta judicial”, en particular con causas sensibles que involucran al cerebro libertario, Santiago Caputo, los encargados de la confección de la reforma judicial no quieren dejar ninguna puntada sin hilo. Con este escenario, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, hombre de Caputo y el principal vínculo entre Balcarce 50 y los tribunales nacionales, distribuye sus horas en encontrar el candidato ideal para ocupar la procuración. “Tiene que ser alguien que se banque laburar bajo presión”, explican desde adentro para justificar la tardanza.
Desde el 2017, la procuración está a cargo de Eduardo Casal, un histórico operador judicial quien volvió a las mayores esferas tras el pedido de licencia de la entonces procuradora kirchnerista Alejandra Gils Carbó. Cuando el entonces presidente Mauricio Macri lo sedujo para ocupar el cargo, el acuerdo consistió en la promesa de que su paso por una de las sillas más calientes del sistema jurídico iba a ser temporal. No ocurrió.
Con el gobierno de Cambiemos entrando en su debacle económica en 2018 y la posterior llegada de Alberto Fernández al poder -ambos sin las mayorías necesarias para alcanzar por sí solos el quórum en el Congreso- la gestión de Casal al frente de la procuración se extendió hasta estos días un círculo virtuoso que el gobierno de Javier Milei está dispuesto a cortar.
La puja por los pliegos
Para esto, puso en marcha negociaciones con todas las esferas de la oposición en paralelo a las que ya mantiene para lograr la aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para que ocupen sus bancas en la Corte antes de fin de año. Aunque no se resignan, no son pocos los despachos en los que se empieza a pensar en la elección de un juez adjunto que deberá ejercer momentáneamente a partir del 30 de diciembre, el día siguiente de que Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años.
En este sentido, desde un inobjetable despacho desmienten por completo las versiones que indican que el gobierno podría avanzar en la designación de Lijo y Mansilla por decreto. “Ya lo intentó Macri y sabemos cómo terminó. Nosotros vamos a mantenernos en la legalidad y cumplir con el proceso que ya iniciamos en el Congreso”, exponen.
Al mismo tiempo, abrazado a la idea de dar todas las batallas en conjunto, la próxima semana el gobierno enviará al Congreso el pliego de 149 jueces que concursaron para ocupar las titularidades de los más de 230 juzgados nacionales que aún se encuentran vacantes. El movimiento es ambicioso. Lejos de acoplarse a los usos y costumbres del toma y daca político, Marianos Cúneo Libarona y su segundo Amerio obviaron varios de los nombres que llegaron hasta sus despachos propuestos por la oposición que custodia la llave del quórum y eventual aprobación de estos magistrados.
“No vamos a concursar a un juez que quedó décimo sólo porque es amigo o familiar de ellos”, dicen contundentes cerca del Ministerio de Justicia. Aunque lo expresen con disimulo, para la mesa chica del gobierno el engranaje del sistema jurídico nacional forma parte fundamental de la casta que buscan combatir, por lo que buscarán desligarse de cualquier acuerdo que, a posterior, les implique una incómoda devolución de favores.
