Uno de los querellantes de la “Causa D’Alessio” recusó al fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, por presunto “incumplimiento de los deberes funcionales” ya que en lo que lleva transcurrido del expediente “su accionar estuvo mayormente identificado con la dilación injustificada de la investigación y el amparo o protección de determinados imputados que en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como ser la defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad”.
El abogado Maximiliano Rusconi, cuyo nombre aparece en los diálogos por Whatsapp entre el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal federal Carlos Stornelli como potencial “objetivo” de una operación de inteligencia, denunció “una total pérdida de objetividad” de Curi.
“Llamativamente, y contrario a lo que suele suceder a lo largo de los diversos expedientes que esta querella ha podido ver a lo largo de tantos años de ejercicio profesional, nos encontramos en este caso con una actuación por parte del representante del Ministerio Publico Fiscal que lejos de impulsar la investigación, constantemente busca deslegitimar la misma, imponer retrasos, límites a la obtención de la prueba, y dilaciones indebidas al proceso, llegando incluso a desconocer el propio código de procedimientos que regula el trámite del proceso penal”, fundamentó Rusconi.
El fiscal condicionó con una vara muy alta la posibilidad de que algunos imputados, entre ellos el propio D’Alessio y el ex espía Rolando Barreiro, pudieran acogerse al régimen del “imputado colaborador” y, de esa manera, describir hechos y situaciones que involucrarían a otros personajes por encima de ellos en la escala jerárquica de la organización ilícita que investiga el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla.
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La recusación fue presentada ante el propio juez Ramos Padilla, quien deberá resolver si le hace lugar y –en consecuencia- aparta al fiscal, o si la rechaza y todo continúa como hasta ahora.
Rusconi explicó que Curi argumenta una “supuesta falta de acceso al expediente” que no es tal; además, promueve “incansablemente de un planteo de incompetencia infundado” y con su accionar le pone “límites a la búsqueda de la verdad”.
“El caso del imputado Barreiro resulta ilustrativo. Estamos frente a un imputado que requirió formalmente su incorporación al régimen de la ley del arrepentido, que declaró haber formado parte de las operaciones en cuestión, y cuya defensa expresamente manifestó dicha voluntad. El fiscal se encuentra obstaculizando el avance de la investigación retrasando dicha incorporación”, embistió Rusconi.
El abogado le recordó al fiscal Curi que “es el propio imputado quien en todo caso decide, motu proprio, realizar declaraciones que en todo caso, posteriormente deberá evaluarse si remiten a alguna sanción, falta administrativa o delito en el marco de la ley federal de inteligencia”. Y advirtió: “esto no es competencia del fiscal, puesto que es un imputado, no un testigo”.
