El próximo lunes 4 de julio se cumplirá un nuevo aniversario de la Masacre de San Patricio, como se conoce al fusilamiento de cinco sacerdotes y seminaristas palotinos en los primeros meses de la dictadura cívico-militar. A 40 años de este hecho, todavía se desconocen sus autores, y el brutal asesinato de Alfredo Leaden, Alfredo Kelly, Pedro Duffau, Salvador Barbeito y Emilio Barletti continúa impune.

El juzgado de Sergio Torres envió esta semana un oficio a la Santa Sede para que se abran los documentos relacionados con la Masacre y se envíen a la Justicia argentina. El pedido se basa en nueva información aportada a la causa a partir de una investigación de Héctor Ruiz Núñez en el semario El Periodista, en 1985.

Si bien la respuesta puede demorar varios meses, ya que primero debe pasar por Cancillería, la comunidad palotina que impulsa la investigación pone su expectativa en que el Vaticano aporte nuevos datos que permitan llegar a los responsables de los asesinatos.

«Según una importante fuente religiosa, dos personas encumbradas de Belgrano, pertenecientes a la feligresía de San Patricio, habrían tramitado ante la Santa Sede el levantamiento de sus respectivas excomuniones, motivadas por haber propulsado –en 1976– el asesinato de los religiosos», escribió Ruiz Núñez, ya fallecido. Y agregó: «De ser exacta esta información, se estaría frente a una paradoja digna de la tradición florentina de la Iglesia: mientras en Argentina los palotinos intentaban impulsar la investigación para determinar quiénes eran los culpables del crimen, una oficina del Vaticano (que opera bajo absoluta reserva) conocía sus nombres perfectamente».

Además de la información surgida del libro de Ruiz, en el Vaticano también contarían con un informe enviado por el entonces nuncio apostólico en la Argentina, Pío Laghi. Según relata un cable secreto de la embajada estadounidense filtrado por WikiLeaks días después de la masacre,  Laghi detalló a funcionarios estadounidenses que los autores habían sido agentes de las fuerzas de seguridad que operaron «sin orden oficial de sus superiores» con el objetivo de «limpiar la Iglesia».

Para Liliana Alaniz, abogado de Justicia Ya y representante de la comunidad palotina en la causa, «la Iglesia debe tener su registro de estos casos pero si ocurrió, y no lo hicieron saber, sería encubrimiento». La abogada recordó, además, que en todos estos años la Iglesia argentina nunca impulsó la investigación judicial del caso.

La respuesta del Vaticano es clave para permitir el progreso de la causa, estancada en los últimos años. El expediente está instrucción en el juzgado de  Torres, a cargo de la megacausa ESMA, y su avance resulta cada vez más complejo: como contó Tiempo en varias ocasiones, se pidió desde el juzgado una pericia a una bala que la congregación guardaba como una reliquia. Sin embargo no se logró determinar si las armas utilizadas pertenecían a la Armada, una definición que permitiría confirmar o descartar la hipótesis de que los sacerdotes fueron asesinados por el Grupo de Tareas de la ESMA, como señalaron algunos sobrevivientes de ese centro clandestino de detención. «