El presidente Mauricio Macri, junto a sus voceros más fieles, niega cualquier relación personal con el conflicto que atraviesa la agencia estatal de noticias Télam. Pero hay un amigo que lo desmiente. Es el abogado laboralista Juan José Etala, letrado de la agencia, ex compañero del secundario del jefe del Estado en el colegio Cardenal Newman y actual funcionario del gobierno nacional en la secretaría de Trabajo. Los vínculos, y su peso en el lobby oficial sobre la Justicia Laboral, fue denunciado ante el Colegio de Abogados para que le quiten la matrícula que posee el letrado a partir de las incompatibilidades demostradas entre su profesión y las tareas que desarrolló, especialmente en el litigio laboral con los trabajadores de Télam, donde lo acusan de haber presionado a los magistrados de la Cámara de Apelaciones del fuero para que cambien su posición respecto a una decisión definitoria sobre la situación de 154 empleados de la firma pública, fundada en 1945.

En la Casa Rosada niegan cualquier vínculo y «animosidad» con el caso, pero el rol del abogado, y sus antecedentes, habrían abierto la puerta para que un profesional presentara una denuncia ante el colegio de abogados porteño, cuya instancia de castigos por incumplimientos de sus deberes tiene el rol de primera instancia en la justicia penal. Esto significa que un fallo negativo de ese tribunal disciplinario tiene un efecto similar a la sentencia de un juez de primera instancia que sólo es apelable ante una cámara de apelaciones del fuero y que, ante esta denuncia, implicaría la anulación de la matrícula para uno de los socios fundadores del estudio Salvat, Etala y Saraví de la city porteña.

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Según la denuncia ante la entidad gremial de los abogados con matrícula registrada en la Ciudad de Buenos Aires, Etala es el encargado del gobierno de presionar a los jueces laborales para que decidan a favor de los intereses del Gobierno, especialmente luego del fallido intento del oficialismo por aplicar una reforma a la legislación laboral.

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El texto presentado, al que accedió Tiempo, enumera a Etala como autor de una serie de intervenciones de profunda carga ideológica a favor de Cambiemos que imposibilitan su rol como miembro del Consejo Asesor de la Secretaría de Trabajo. Fungió como asesor del Gobierno en los conflictos con el sindicato de metrodelegados, algo que le permitió sumar cargos en el entonces Ministerio de Trabajo para avanzar en los fallidos planes de reforma laboral.

La denuncia presentada contra Etala aporta otra pieza que podría configurar una asociación ilícita de presiones sobre el fuero laboral a favor del gobierno: el juez Luis Catardo, titular de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que fue eximido a propuesta del Ejecutivo del acuerdo que le otorga el Senado para no ser jubilado en sus funciones a los 75 años de edad.

El elemento material que vincula al juez con Etala fue probado el 8 de noviembre de 2018, cuando los camaristas de esa instancia de apelaciones recibieron un pedido por escrito firmado por Etala para que cambien el sistema de sorteo de las salas de la cámara, compuestas cada una por los jueces que luego deben fallar sobre los expedientes recibidos en esa segunda instancia del fuero federal.

La incompatibilidad de funciones también fue denunciada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y tiene como testigo al periodista Horacio Verbitsky, presidente del CELS. El vínculo denunciado ahora forma parte de una impugnación que abre nuevos interrogantes sobre el rol de este abogado, de estrechas relaciones con el Presidente, señalado por utilizar ese lazo para presionar a los magistrados de la Justicia Laboral. Todo con el sospechado fin de cambiar su posición sobre un litigio donde actúa el Estado Nacional contra 154 de los 354 trabajadores que este lunes se movilizan para evitar una decisión de ese tribunal en su contra.