No había nadie. Ni el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, ni ninguno de sus funcionarios. Fueron los empleados de recepción de ese organismo del Estado Provincial quienes recibieron el petitorio de la Red Provincial de Derechos Humanos en el que demandan la reactivación y plena vigencia de las políticas públicas de ese organismo. Integrantes de ese espacio que nuclea a directores y secretarios municipales de Derechos Humanos y organizaciones de más de 45 distritos bonaerenses, se concentraron durante el mediodía de este martes frente a la sede de la cartera provincial, donde denunciaron tanto el estancamiento de los juicios de lesa humanidad y en la constitución de los sitios de memoria, como el vaciamiento de las políticas contra la violencia de género y contra la violencia institucional, entre otras problemáticas.
«Es un petitorio completo que trae la preocupación desde los municipios y de los integrantes de la Red», explicó el director de Derechos Humanos del municipio de Moreno, Emiliano Quintero. «Es un planteo general que tiene que ver con un retroceso en materia de Derechos Humanos que vemos en estos 8 o 9 meses de gestión», completó.
Las principales demandas concentradas en el escrito que la Red presentó en la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de María Eugenia Vidal van desde el reclamo de «celeridad» en los juicios por crímenes de la dictadura cívico-militar, la investigación de las complicidades civiles con el Estado y la puesta en funcionamiento de los Espacios de Memoria, hasta el «cese de la violencia institucional y el abuso policial» y la puesta en marcha de «políticas públicas para la violencia de género y otorgamiento del cupo trans».
Por su parte, Quinteros remarcó que la principal preocupación «es la falta de políticas» y resaltó que «no han nada más allá de alguna foto o algún que otro anuncio». Y redondeó: «No hay política de Derechos Humanos en la provincia de Buenos Aires.»
La manifestación se extendió por unas tres horas en la esquina de calles 8 y 51 de La Plata en las que hablaron funcionarios municipales, a quienes se sumó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Miguel Funes. El legislador remarcó que la concentración intenta rescatar la política de Derechos Humanos de los 12 años de gobierno kirchnerista, resaltó la necesidad de «investigar el rol civil en la dictadura cívico-militar» y reclamó el funcionamiento y mantenimiento presupuestario a los sitios de memoria.
Flavia Batistiol, secretaria de Derechos Humanos de Escobar, remarcó que no fueron recibidos. «No hay nadie. Hay solamente una persona en la mesa de entrada. Entiendo que esa es la forma de trabajar que tienen: no viniendo a trabajar. Ni siquiera había un subsecretario o funcionario que nos recibiera», se quejó.
Uno de los reclamos fue el impulso de los espacios de Memoria en el territorio bonaerense. «Entre 2007 y 2015 hubo 53 señalizaciones de ex centros clandestinos de detención en territorio bonaerense; en lo que va del período de Cambiemos no hubo una sola señalización», detalló Marina Vega, asesora de la Comisión de DD HH de la Cámara Baja bonaerense e integrante de la Red. Pero además, denunció que la construcción de los Espacios de Memoria en Banfield, Las Flores, Mar del Plata y el Pozo de Arana y la Comisaría 5ª de La Plata están paralizados.
La Red Provincial de DD HH es un espacio que reúne a organismos como H.I.J.O.S, APDH Bahía Blanca y la Asociación de ex detenidos Mansión Seré, entre otros, a las direcciones de Derechos Humanos de los municipios de Escobar, Florencio Varela, Hurlingham, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, San Martín, Mercedes y Avellaneda; la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Navarro y la Municipalidad de Ensenada, además de mesas y comisiones por la memoria de más de 40 distritos de la provincia.
