Encabezados por organismos de Derechos Humanos, gremios, organizaciones y referentes políticos y sociales de Jujuy pidieron la libertad de los cuatro hombres que permanecen detenidos luego de la represión policial con gases y balas de goma, desplegada por el gobierno provincial comandado por Gerardo Morales el miércoles pasado contra trabajadores y sus familias que reclamaban por más de 300 despidos en el Ingenio la Esperanza.

Se trata de Oscar Delgado, comunicador de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) e integrante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes por los Derechos Humanos (CAPOMA DD.HH); el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros (SOEA) de La Esperanza, Sergio Juárez; su adjunto Néstor Bautista; y el hijo de un trabajador, Roberto Molina.

La RNMA emitió un comunicado exigiendo “la inmediata liberación de Oscar Delgado, integrante de nuestra Red, quien en su condición de periodista, como ha quedado debidamente acreditado, cubría el pasado miércoles los reclamos de los trabajadores del ingenio La Esperanza”, dijeron.

También el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), a través de su cuenta de Twitter, pidió la inmediata liberación del periodista de radio CAPOMA de San Pedro y le reclamó “al gobierno de Jujuy y a las fuerzas de seguridad de esa provincia respeto por el trabajo de la prensa”.

El miércoles 20 de diciembre pasado la Policía de la Provincia de Jujuy reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a una multitud que cortaba la ruta 34, a la altura de Arrayanal, en el acceso a la localidad de San Pedro, en reclamo por 338 despidos en el Ingenio La Esperanza, luego de que el gobernador Morales decidiera su venta al desconocido grupo inversor colombiano Omega Energy. El corte se había iniciado el lunes porque no se pagaron los sueldos de noviembre y el gobierno dijo que no pondría en el ingenio “ni un peso más”.

En esa represión, la policía detuvo a unas treinta de personas, entre ellas una mujer embarazada, e hirió a muchos, de los cuales cuatro debieron ser internados. Luego el juez de Control N°6, Jorge Samman ordenó la captura de la cúpula del Sindicato de Obreros del Ingenio La Esperanza (SOILE). Se entregaron esa misma noche y también quedó preso el abogado del gremio Fabián Alderete. En Nochebuena, fueron liberados 21 que quedaron imputados por lesiones leves, lesiones graves, atentado y resistencia a la autoridad.

Los cuatro que permanecen detenidos están acusados de daño agravado, perturbación al ejercicio de la función pública e instigación a cometer delitos, y permanecen detenidos en la Unidad Penal n°7 de Alto Comedero.

El Rafael Vargas, secretario General del sindicato de obreros del azúcar de Ledesma, encuadró lo sucedido con otras medidas “persecutorias” del gobernador Gerardo Morales que desde hace casi dos años tiene presa a Milagro Sala. “Son delitos excarcelables los que le imputan a los compañeros, así que no tiene otra razón de ser que continúen detenidos”, señaló a Tiempo.

Cese a la persecución

En ese contexto organismos de DDHH, organizaciones sociales y políticas, emitieron un comunicado en el que manifestaron su “preocupación por el nivel de represión y criminalización de los trabajadores y demás personas detenidas en el marco de la protesta de los empleados del Ingenio La Esperanza, quienes lo hicieron en reclamo por lass condiciones laborales y en defensa de su dignidad”.

El texto lleva la firma de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en Jujuy, de HIJOS, de la Asociación de ex presos Políticos, del Grupo de Abogadxs de DD.HH (ANDHES) y del CELS, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), CAPOMA, la Coordinadora contra el Ajuste y la represión, junto a ATE, CTA-A, la Tupac Amaru, los diputados de Unidos y Organizados, del MST, entre otros partidos y organizaciones.

También denunciaron “el retardo judicial en el caso de los compañeros que aún permanecen detenidos, sin que se hayan dado a conocer motivos suficientes y razonables para extender su restricción de libertad”.

Además, repudiaron la judicialización de la protesta social y responsabilizaron al Poder Ejecutivo Provincial.

Vaciamiento

Luego de la represión y la detención de la cúpula del SOEA, Morales acusó a los dirigentes de delincuentes. Y deslizó las verdaderas intenciones de la persecusión gremial: “el grupo inversor se mostró preocupado de cara a la situación autodestructiva, suicida e irresponsable planteada por el gremio”.

Gerardo Morales acordó el 30 de noviembre pasado la venta del Ingenio La Esperanza a Omega Energy International, un grupo inversor colombiano por 100 millones de dólares (de los que abonará 15 millones al inicio). El Ingenio tiene 1050 trabajadores y la provincia se comprometió a entregar en mano con 600 trabajadores.

“El Ingenio Ledesma tiene tres trapiches (donde se muele la caña) y 4000 trabajadores, por eso es el más grande. El Ingenio Río Grande tiene un trapiche y 900 trabajadores. La Esperanza tiene dos trapiches. Uno solo es imposible trabajarlo con 600 personas”, explicó Vargas.