La polémica decisión de exigirle a la ANSES que comparta los datos personales de las millones de personas que figuran en su base de información con la Secretaría de Comunicación Pública despertó el rechazo de casi todo el arco opositor. La medida del gobierno, cuyo objetivo es difundir propaganda oficial, había sido publicada hoy en el Boletín Oficial con la excusa de «diseñar mejor sus estrategias de comunicación» y «mantener informada a la población».
El rechazo opositor a la iniciativa fue casi unánime. La diputada nacional del Frente Renovador Graciela Camaño anunció que hará «una presentación judicial» contra la resolución. Aseguró que «está prohibido» lo que pretende realizar el Ejecutivo a través del acuerdo firmado entre la Jefatura de Gabinete y la ANSES porque «claramente viola la Ley 25326 (que protege datos personales) y el artículo 43 de la Constitución Nacional, que en el párrafo tres establece el derecho a los datos personales». «Se viola el derecho de habeas data», sostuvo la legisladora massista.
Por su parte, Alicia Ciciliani, también miembro de la Cámara Baja por el Partido Socialista, alertó sobre lo «peligroso» del uso que el gobierno pueda hacer de los datos personales de los ciudadanos. «Esto forma parte de la cadena nacional del gobierno de Mauricio Macri, que prioriza la comunicación vía redes sociales. Lo vimos en la campaña y en estos seis meses de gestión», remarcó Ciciliani. «Tenemos que tomar todos los recaudos para cuidar la privacidad de la gente», remarcó en declaraciones a la agencia DyN. Luego indicó que «se debe priorizar la privacidad porque el límite difuso entre el hostigamiento y la penetración en temas partidarios es peligroso».
El dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores FIT Nicolás del Caño se sumó a las críticas. «Es un avance contra las libertades democráticas». El ex candidato a presidente y diputado nacional manifestó consideró que esa información podría tener «un uso electoral».»Nos parece que es inmiscuirse en los asuntos personales de cada uno por parte del Estado. Quieren apropiarse de esos datos personales para tener ese nivel de control al que aspira el gobierno».
Y la diputada nacional por Libres del Sur Victoria Donda también aportó cuestionamientos. Aseguró que los datos de los ciudadanos «deben ser protegidos» y «sólo usados para fines de políticas de Estado de carácter social».
Dijo que el hecho de que el ejecutivo «lo use para políticas de publicidad está mal, si encima tiene otra intención que puede ser la persecución interna. Me parece peor y justifica otro tipo de intervención».
