La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la ex subdirectora de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Silvia Majdalani, para que se cierre la investigación en su contra por supuesto espionaje contra las oficinas de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en sus oficinas del Instituto Patria.
Majdalani había sostenido que por esos hechos ya había sido juzgada y sobreseída por el juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi, por lo que no podría volver a investigársela por el mismo delito.
Ello -adujo- violaría el principio “ne bis in ídem” (nadie puede ser perseguido judicialmente dos veces por un mismo hecho), por lo que planteó una “excepción de falta de acción” para cerrar la causa.
Pero el juez de primera instancia de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, y luego la Sala Primera de la Cámara Federal de La Plata, el 17 de diciembre del año pasado, rechazaron el planteo.
La defensa de Majdalani, a cargo de los abogados Juan Pablo Vigliero y Adriana Ayuso, apeló la decisión ante la Casación, el máximo tribunal penal del país, pero por mayoría y en voto dividido, también le fue desestimado el planteo.
Los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo consideraron que el fallo que rechazo el cierre de la causa “no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal, ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.
La tercera integrante del tribunal, Ángela Ledesma, votó en disidencia y se pronunció por aceptar el recurso y analizar los argumentos de Majdalani.
“Disiento con la solución propuesta por mis colegas pues nos encontramos en presencia de una cuestión federal vinculada con la prohibición de persecución múltiple”, opinó.
Majdalani, al igual que el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, están procesados por el presunto espionaje ilegal contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Además, pesa sobre ellos la prohibición de salida del país y embargos por dos millones de pesos. “Se instaló personal de la AFI del área de vigilancia y seguimiento dentro de vehículos automotores, con la finalidad de observar los domicilios a fin de detectar y registrar los movimientos que se realizaban en ellos”, sostuvo el auto de procesamiento.