El reclamo para que el ex intendente de Quilmes durante la dictadura cívico militar no sea galardonado por su recorrido en la justicia bonaerense llegó este miércoles al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Julio Pettigiani, cuando organizaciones de Derechos Humanos, políticas, culturales, sindicales, estudiantiles y sociales, presentaron una nota en la que manifiestan su “total rechazo y repudio” a la entrega de la medalla por sus servicios en el Poder Judicial al ex mandatario de facto Julio Cassanello, actualmente juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Quilmes.
Cassanello fue intendente de Quilmes entre 1979 y 1982 designado por decreto del Poder Ejecutivo, con la firma del general de brigada y gobernador de facto Ibérico Manuel Saint Jean. El reconocimiento está previsto por la Corte para el 15 de noviembre, en la víspera del día del trabajador judicial.
La nota ingresó a las 10.15 en el máximo tribunal bonaerense y fue presentada por el Colectivo Quilmes Memoria Verdad y Justicia, junto a organismos y la Asociación Judicial Bonaerense, entre otras organizaciones y gremios, exhorta “a la máxima autoridad del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que no se entregue la medalla al juez”.
Entre los argumentos recuerdan que en el año 2011 impulsaron un proceso de destitución contra Cassanello por su rol como intendente de facto en la Municipalidad de Quilmes.
Los organismos señalaron que durante su mandato al frente del Poder Ejecutivo “Cassanello legitimó un proceso de suspensión de las garantías constitucionales”, y recordaron que luego ingresó al Poder Judicial “de la mano de las conexiones políticas, facilitadas por su paso en la Municipalidad, directamente a la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, sin ningún mérito para ocupar dicho puesto”.
También señalaron que en noviembre de 2011 el Concejo Deliberante de Quilmes declaró de interés público las actividades realizadas por la “Comisión por la Destitución del Dr. Julio Cassanello” con la ordenanza N° 11.760/11.
“Entendemos que a 30 años de compromiso con la Democracia, la República y el respeto por la división de poderes, circunstancias todas que alcanzan mayor relevancia en el caso de los magistrados, quienes han jurado sobre la constitución y las leyes, que el Poder Judicial le otorgue un reconocimiento por la prestación de servicios a quien usurpara el ejecutivo municipal en los años más oscuros de la Argentina, implica un retroceso en materia de derechos humanos y la lucha contra el genocidio y la impunidad, al tiempo en que enmarca una situación de gravedad institucional”, indicaron.
Respaldos legislativos
El 30 octubre la diputada nacional Mayra Mendoza presentó con las firmas de los legsladores del bloque del FPV un proyecto de resolución en la cámara de Diputados de la Nación, para que el cuerpo exprese su repudio a la distinción prevista para el 15. Al día siguiente, el diputado provincial Miguel Funes, junto con el bloque de Unidad Ciudadana, un proyecto de las mismas características para que el repudio se realice también en la provincia.
El Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se consiguieron también una respuesta favorable del Presidente del Consejo Deliberante de Quilmes, y los concejales de Cambiemos. Los Bloques de Unidad Ciudadana y Polo Social ya habían adelantado su respaldo al proyecto de ordenanza de repudio.
