La audiencia pública sobre el proyecto del Gobierno porteño llamado «Distrito Joven» finalizó este miércoles luego de cuatro jornadas en las que organizaciones políticas y sociales lo rechazaron por su impacto ambiental y por considerarlo parte de una «política de entrega de tierras públicas», al tiempo que lo cuestionaron por implicar el traslado de la escuela Indira Gandhi.
Con más de 200 personas inscriptas, desde el viernes último se realizó la audiencia pública donde la ciudadanía porteña pudo opinar sobre el «Masterplan Distrito Joven-Costanera Norte», una iniciativa del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que busca instalar locales gastronómicos y bailables a lo largo de unos siete kilómetros de la ribera del Río de La Plata.
El polígono definido para el nuevo distrito comienza en los límites del Parque de la Memoria y finaliza en el predio Costa Salguero, pasando frente al Aeroparque metropolitano.
En total, abarca 73 hectáreas, de las cuales 14 serán concesionadas a privados para usos «gastronómicos, de esparcimiento, diversión, deportivos y culturales», según informaron voceros del Ejecutivo local.
Si bien la audiencia no es vinculante, el Gobierno porteño tiene la obligación de tomar en cuenta las opiniones que allí se presentaron y, en caso de desestimarlas, debe informar el motivo.
Durante la audiencia, una de las principales críticas fue que el Gobierno de la Ciudad no dio a conocer el «masterplan» en su totalidad, si no solo fragmentos, por lo que no se sabe con precisión cuál será el alcance y el impacto ambiental de las obras de infraestructura y viales planificadas por el Gobierno de la Ciudad para el nuevo distrito.
Una de las oradoras, Bárbara Rossen, quien expuso en representación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, dijo que en el estudio de impacto ambiental «no se reproduce» el masterplan y «sólo se lo comenta por fragmentos; es decir no se lo analiza como un sistema sino como una sucesión de partes aisladas».
De acuerdo a lo informado por el Gobierno porteño, el proyecto Distrito Joven «prevé un conjunto de obras de infraestructuras civiles, viales, de instalación de mobiliario urbano y el desarrollo de parques y espacios públicos con sus servicios», así como «el desarrollo de circuitos de esparcimiento, actividades culturales y gastronómicas, espacios lúdicos, práctica de deportes y puntos turísticos».
Otra de las críticas fue que el estudio de impacto ambiental excluyó del análisis dos predios que, de acuerdo a lo informado por el propio Gobierno local, son parte del Distrito Joven: Costa Salguero y Punta Carrasco, donde se autorizó la construcción de viviendas, hoteles, comercios y oficinas.
Al excluir esos dos predios, que suman 32 hectáreas, el estudio de impacto ambiental solo toma en cuenta los usos de locales gastronómicos y bailables y espacios para actividades culturales y deportivas.
«La evaluación ambiental presentada es parcial, ya que se realiza sólo para cuatro sectores, dejando afuera el sector cinco, Costa Salguero, el más amplio e importante. Si se lo tuviese en consideración, el relevamiento daría cuenta de una capacidad constructiva considerablemente más elevada», advirtieron varias integrantes del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, que leyeron un documento elaborado en conjunto.
Otro cuestionamiento se refirió a lo establecido por la Constitución porteña, según la cual los espacios verdes y públicos de la ribera del Río de la Plata se deben «recuperar e incrementar», por lo tanto, cuando finaliza una concesión a un privado en esa zona, el predio en cuestión debe volver a ser de libre acceso.
«La Constitución de la Ciudad establece claramente en su artículo 8 que los terrenos que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación», dijo Nidia Bellene, al leer hoy el documento del Colectivo de Arquitectas.
A su turno, la exlegisladora porteña del Frente de Izquierda Mercedes de Mondieta, manifestó su rechazo a «este proyecto de entrega de tierras públicas», que se suma a las «más de 500 has rematadas primero con (Mauricio) Macri y luego con Larreta, al servicio de la especulación inmobiliaria».
Varios participantes también rechazaron el traslado de la escuela pública Indira Gandhi, que funcionaba en un predio cercano al Parque Norte y al Parque de la Memoria, pero que con la construcción del Distrito Joven se presume será llevada a un predio del Barrio 31, en Retiro, lo que es rechazado por la comunidad educativa de este colegio.
Al respecto, Laura Fiumara, quien se presentó como «docente hace 35 años», dijo estar «indignada por el cierre de una escuela modelo para dar lugar a un emprendimiento inmobiliario».
Y agregó que «las escuelas no se cierran ni se trasladan, se construyen, se cuidan y se mejoran», y acusó al Gobierno de la Ciudad de «agredir constantemente a la educación pública».