El presidente del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, advirtió hoy que la transferencia de datos de la Anses al gobierno «ya se está consumando», por lo que consideró que la medida cautelar que presentó ayer busca «interrumpir» el intercambio de información «por violatorio de la intimidad, por inconstitucional, y porque no fue consultado y tiene todo el rechazo del arco opositor».

«Sí, (el gobierno) ya está usando los datos, por eso la cautelar y la premura», apuntó, y recordó que esa información «existe para cumplir con las obligaciones previsionales, no para otros fines», aunque no brindó más precisiones respecto del inicio del intercambio de datos.

En el mismo sentido, alertó con que «esta transferencia se produce cuando en lo social estamos viendo medidas autoritarias y ataques a la intimidad de las personas, con lo cual es peligrosísimo».

Recalde afirmó hoy en declaraciones radiales que «hay principio de ejecución de esta resolución» que permite a la Anses darles a las autoridades nacionales la base de datos previsionales, entre los que figuran los nombres y apellidos de todos los ciudadanos, el DNI, CUIT/CUIL, domicilio particular, teléfonos, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios cursados, entre otros.

Recalde agregó que cree que «no» se hace «para comunicar los actos de gobierno porque eso lo pueden hacer por los medios afines que tienen, que son un montón, o por el canal oficial», y deslizó que la información podría ser utilizada «con fines electorales en el marco del debate de reforma política y boleta electrónica» o «con fines económicos, lo que permitiría grandes negocios». «Cualquier cosa pueden hacer con esto, sobre todo sabiendo que en el país existen unos 60 mil hackers», remató.

Recalde, junto con las diputadas nacionales Teresa García y Carolina Gaillard, presentó ayer una acción de amparo de alcance colectivo -que recayó en el Juzgado N° 11 del Fuero Contencioso Administrativo- para que la justicia declare la nulidad de la Resolución 166/16, que permite el uso de la base de datos de la Anses por parte del gobierno.

Esta medida se sumó a la denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña -y otros funcionarios firmantes-, presentada por los diputados kirchneristas Rodolfo Taillade y Juan Cabandié.

En la presentación de Recalde, que recayó ante la jueza Liliana Heiland, los legisladores pidieron la apertura de la feria judicial y advirtieron que se está ante una violación «del derecho a la intimidad previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, como de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales».

«La Ley 25.326 establece que los datos no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención», sostienen los diputados, y en especial los «datos sensibles», como «los relativos a la salud de los individuos, expresamente prohibido por el artículo 2 de esa norma». 

Por su parte, Peña había manifestado que el objetivo de la transferencia de datos de la Anses busca «mejorar el vínculo no de un gobierno sino del Estado con los ciudadanos».