Leyes, decretos y medidas administrativas conforman el nuevo paquete económico que será anunciado esta semana bajo el llamado a la participación en el nuevo “contrato social”. Es una reedición de la histórica propuesta peronista de alianza de clases, compre nacional, sustitución de importaciones y épica de reconstrucción del entramado productivo. La presentación de este paquete de reactivación de la economía y producción pospandemia no tiene definido el formato ni el día, pero apuesta a mostrar el lugar en la foto -y en el presupuesto- que la gestión Fernández le da a la producción pyme y a aquellos sectores productivos que inviertan en el país.
Este sábado al mediodía Santiago Cafiero le entregó a Alberto Fernández el borrador del plan a lanzar. Afinaron la lapicera y escribieron la letra chica. Muchas medidas fueron adelantadas la semana pasada, pero otras tuvieron que esperar a que se definiera y se anunciara la nueva fase de la pandemia para poder acomodar procesos.
El objetivo es mostrar el trabajo que llevan adelante los ministerios con los gobernadores. Desde Economía, el equipo de Martín Guzmán, junto a Eduardo “Wado” De Pedro y Silvina Batakis de Interior, están en contacto semanal con los y las mandatarias provinciales.
Según adelantaron fuentes oficiales, este plan consiste en brindar un “fuerte impulso” al crédito en todo el país, medida que será acompañada de otros apoyos segmentados según las necesidades de cada región. Es por eso que se dividirá al territorio en noreste, noroeste, centro, litoral, zona cuyana y Patagonia. El NOA y el NEA recuperarán el beneficio de pagar menos cargas patronales, que fue eliminado por Mauricio Macri. También se analizarán los aranceles de exportación de los productos sensibles de cada zona, con el objetivo de reactivar la industria y que vuelvan a abrir fábricas que tuvieron que cerrar. En esa línea se trabaja para mejorar la ley de concursos de acreedores y, de ese modo, salvar rápidamente a las empresas, y que vuelvan a operar bajo una nueva modalidad pospandemia.
Para acompañar la moratoria que acaba de anunciar el Gobierno, se proyecta un blanqueo para repatriar capitales que se inviertan en sectores de gran generación de empleo, por ejemplo, la construcción.
Tal como se contó la semana pasada, para impulsar el consumo se comenzó a implementar una nueva versión del programa Ahora 12, que se extendió a 18 cuotas, con tres meses de gracia. Es decir: lo que se compra en julio se comenzaría a pagar en noviembre y se cancelaría la cuota 18 en abril de 2022. A esto se le suma que está bajo análisis la posibilidad de que esas compras tengan una devolución total o parcial del IVA, impuesto que recae sobre los ingresos de las personas que más sueldo destinan a alimentos y bienes básicos.
Además, según trascendió, habrá anuncios de ayuda al sector pyme y para la actividad turística. La ya anunciada moratoria impositiva, junto con planes para la construcción de viviendas, subsidios para clubes, y obras de infraestructura para generar empleo, entre otras.
Reactivación en cuarentena
Los voceros que saldrán a explicar las medidas en los medios son Cafiero y la vicejefa Cecilia Bocco Todesca, vicejefa de gabinete. Todo este paquete se viene elaborando desde hace dos semanas, pero su anuncio estaba atado a las definiciones sobre la cuarentena a acordar entre los mandatarios Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta.
El termómetro económico y también la percepción del humor social -incluso la mayoría de la población que sí apoya la cuarentena, según miden todas las encuestas- llevaron al presidente a flexibilizar las restricciones.
Es que este nuevo contrato social que propone el gobierno también interpela al comportamiento social, que se relajó de hecho durante la cuarentena. El objetivo es que las regulaciones no queden alejadas de lo que ya sucede en las calles, pero que sí se internalicen conductas de higiene y de distanciamiento físico. La especial atención va a estar puesta en evitar las reuniones sociales, focos de contagio que produjeron el retroceso de fases en varias ciudades del país.
Así lo desarrolló Cafiero este sábado en diálogo con la TV Pública al señalar que caracteriza a esta nueva etapa como la de “la responsabilidad social individual como garante de todas las aperturas que se vayan definiendo”. Y para lo cual explicó que cada día se irá analizando “la velocidad de los contagios, la propagación del virus, las tasas de ocupación de UTI, de las salas generales, y los insumos médicos”. Con respecto al transporte público, Cafiero destacó que “el mundo demostró que es un vector de contagio por lo que sólo lo utilizarán los trabajadores esenciales”. Relató que el Estado analiza a diario “cuántas transacciones de SUBE se utilizan en AMBA y así analiza la movilidad, que viene baja y debe seguir así”.
El control del uso de la SUBE será uno de los mecanismos a través de los cuales el gobierno estudiará con lupa el comportamiento social y el respeto al distanciamiento físico. “Es muy importante que todos cumplamos nuestro rol para ir recuperando las pymes, la economía y también los abrazos, la vida social. No son medidas que toma un gobierno sino que son medidas que la ciudadanía está acompañando” aseguró el ministro coordinador. Y adelantó que “viene la etapa de la recuperación. Tenemos que continuar con las prioridades que encomienda el presidente y retomar el país de la producción y el empleo que caracteriza a nuestra gestión”.
Tal como adelantó Tiempo el domingo pasado, el proyecto de presupuesto 2121 ingresará al Congreso el 15 de septiembre y ya fue consensuado con los gobernadores y los ministros. Desde jefatura destacan que hubo que cambiar de fondo la estructura presupuestaria orientada a la especulación y no a la producción. Tras el ruido político que provocó la foto del 9 de julio, que excluyó a los pequeños sectores productivos y a las diversas organizaciones sindicales, el gobierno apuesta ahora a sumarlas en este plan de reactivación del país en medio de la pandemia.
