Tras los primeros flashes y una breve nota para un móvil de televisión, Eugenio Raúl Zaffaroni traspasa el hall de recepción del sindicato de los docentes porteños UTE. Camina entre saludos informales que lo llaman por su segundo nombre –»Raúl», como él mismo se presenta cuando hay confianza– pero también entre reconocimientos más distantes, que repiten las fórmulas protocolares propias de los Tribunales o de la Facultad de Derecho. Un «doctor» por aquí, otro «doctor» por allá. Zaffaroni desciende al subsuelo de la sede gremial y se acomoda tras la mesa ubicada en la cabecera de un auditorio que está lleno. A su lado lo flanquean la excamarista María Laura Garrigós, el fiscal Alejandro Alagia y la diputada nacional por Corrientes Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria). Zaffaroni es uno de los oradores de una conferencia convocada para profundizar en un debate que viene creciendo en los ámbitos profesionales del Derecho, sobre todo en los ligados a un espacio progresista o popular: la necesidad de sancionar una nueva Constitución para edificar un nuevo Estado.
El diagnóstico de Zaffaroni es lapidario a la hora de explicar las razones y la urgencia por iniciar una campaña que concluya en la modificación de la Carta Magna. El exintegrante de la Corte sabe, por supuesto, que la exigencia de una nueva Constitución genera discusiones, vértigo y hasta un efecto revulsivo en cualquier sociedad. Pero así y todo lo considera necesario. Imprescindible, incluso. «Nuestras instituciones actuales no han servido para protegernos del colonialismo que nos endeudó a la velocidad de la luz. Necesitamos un Estado con instituciones que nos protejan de eso en el futuro», afirma. Para Zaffaroni, el capitalismo mundial ingresó en los últimos años en una etapa de «totalitarismo financiero». Uno de los objetivos del sistema financiero global, advierte el jurista, es aprovechar «las deficiencias» de la arquitectura institucional para «demoler desde adentro a los Estados». Y este proceso apunta a los países potencialmente emergentes. Para controlarlos a través del endeudamiento perpetuo.
En esta entrevista con Tiempo, concedida al término de la disertación en la UTE, Zaffaroni se explaya sobre la necesidad de un nuevo orden institucional para la Argentina. Esa definición hace recordar a una de las frases más sugestivas del último discurso de la senadora Cristina Fernández, pronunciado hace dos semanas en el foro de Clacso (CFK instó a «repensar nuevas estructuras institucionales que permitan la participación y la regulación de nuevos actores que antes no existían»).
En diálogo con este diario, Zaffaroni evalúa también las especulaciones electorales, riesgos y derivaciones políticas que puede acarrear la nueva reglamentación para el uso de armas letales por parte de las policías anunciada por Patricia Bullrich. En otro tramo del reportaje, el exjuez de la Corte analiza la reciente decisión de los actuales miembros de ese tribunal en materia del principio del «2×1» para los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Tampoco en este punto oculta sus críticas.
–¿No existe entre los abogados, los jueces y los juristas una concepción que sobrevalora la capacidad de los cambios normativos –digamos de las leyes– para proteger y darles estabilidad a través del tiempo a las conquistas sociales? Aquí se recordó la Constitución de 1949, que fue derogada por un simple bando militar. Parecería que ninguna arquitectura institucional –ni siquiera una nueva Carta Magna– puede garantizar que ciertos avances sociales sean irreversibles…
–Nada hay en este mundo que sea irreversible, salvo la muerte. El Derecho tampoco es omnipotente. Son normas, que establecen un «deber ser», pero que se supone que no es o que, al menos, no es todavía. Pero que puede ser. Claro, no debemos sobrevalorar estas normas, pero siempre son necesarias. Hoy sabemos que el colonialismo se vale del endeudamiento. Habíamos superado una etapa de esta naturaleza después del 2001 y ahora hemos caído otra vez en una situación similar. Por voluntad de una sola persona (se refiere a Mauricio Macri), que ganó una elección por un pequeño margen. ¿Seguiremos con un Estado así programado? ¿Pagaremos una deuda para que a los pocos años otro gobierno nos endeude otra vez? Sobre la Constitución de 1949, es cierto que fue derogada por un bando militar. Pero para eso tuvieron que bombardear la Plaza de Mayo, derrocar a un gobierno, establecer una dictadura, fusilar gente, exiliar a otros, proscribir al partido mayoritario y otras atrocidades. Fíjese que ahora nada de eso fue necesario: se valieron de instituciones con gravísimos defectos, mal programadas. Yo sé que no va a ser nada fácil sancionar una nueva Constitución, pero es necesario un nuevo proyecto de Estado, restablecer el sistema de pesos y contrapesos, dar previsibilidad a las decisiones de los jueces, garantizar un «nunca más» para la deuda externa, prohibir los monopolios mediáticos que son incompatibles con una democracia plural.
–¿El debate por reformar la Constitución es compatible con la búsqueda de mayorías electorales para que la oposición triunfe en 2019? Porque se trata de una cuestión que, cuando avanza, despierta temores y resistencias.
–Si me pregunta por la compatibilidad de una Reforma Constitucional con la formación de una mayoría (electoral) yo le digo que son perfectamente compatibles. Claro que sí. Porque necesitamos un nuevo proyecto de Estado para salir de esto y tratar de no volver a otro episodio de destrucción análogo. Perón reformó la Constitución en 1949 para apuntalar lo que había avanzado. Para derogarla por bando tuvieron que hacer las barbaridades que ya mencioné. Ahora debemos llegar (al gobierno) con un proyecto nacional y popular, pero no podremos asegurarnos que nos derrumben con apenas un soplido si no hacemos una Reforma Constitucional. Ojo, nadie puede garantizar que un vendaval no derrumbe el proyecto, pero por lo menos que no caiga con el primer ventarrón de un accidente político coyuntural. Eso es lo que hay que asegurar. Una Constitución es un proyecto de Estado y el actual –tal como vemos todos los días– ha permitido que suceda todo lo que está sucediendo.
–Recién se refirió al fallo de la Corte que determina que el cálculo del 2×1 no es aplicable a delitos de lesa humanidad. Con esa decisión, la Corte revocó el fallo anterior que el mismo tribunal había emitido en 2017, a partir del caso Luis Miño. Esta vez, para corregir lo que habían firmado hace un año, los ministros de la Corte se valieron de la Ley 27.362 que el Congreso sacó en 2017. ¿Qué opina de las consideraciones del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien ratificó su posición a favor de aplicar el 2×1 a los represores condenados?
–El Congreso hace las leyes, no las «interpreta». Los únicos que interpretan las leyes son los jueces. Cuando el Congreso sanciona una ley «interpretativa», en realidad está haciendo una nueva ley: no «interpreta» nada, no puede hacerlo. Se trata de una nueva ley que dice que la anterior no se puede aplicar a los crímenes de lesa humanidad. O sea que para los procesados y condenados por esos crímenes es más gravosa que la ley anterior. Las leyes penales más gravosas no se pueden aplicar retroactivamente, ni Mussolini hizo eso. Hitler sí. Esto es Derecho Penal de primer año de la Facultad. Lo que el Congreso hizo con esa ley en realidad, y fue enormemente valioso, fue una unánime manifestación política de nuestros representantes, sumamente positiva, pero que no tiene más valor que el de una declaración importantísima políticamente. Aplicar retroactivamente una ley más gravosa es algo que pertenece a lo que nunca debe hacerse, porque sienta un precedente que mañana no sabemos por quién ni contra quién puede ser usado. Lo que hubiese sido mucho más sincero y positivo es que quienes en buena hora decidieron revisar el 2×1 hubiesen dicho con toda claridad que cambiaron de opinión. Eso sería completamente saludable y no tiene nada de malo. Con eso se admitiría simplemente que se es humano, que no se es dueño de la verdad. Ni siquiera hubiese sido un acto de humildad, sino de pura y simple admisión de la condición de ser humano. De todas formas, quiero que quede claro que me alegra mucho que (los jueces de la Corte) hayan dado marcha atrás. Lamento sólo los argumentos con que lo hicieron. Y en cuanto a la posición del presidente de la Corte, bueno, cada cual es dueño de sus actos y asume su responsabilidad ante el pueblo y ante la historia.
–¿Qué piensa de las razones que llevaron al gobierno a anunciar un protocolo que flexibiliza el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad? ¿Qué consecuencias tendrá?
–Este totalitarismo financiero nos coloniza debilitando nuestros Estados y, por eso, cuánta más violencia haya, mejor. Porque nuestro Estado será más débil. Por eso buscan reproducir la violencia. ¿Qué mejor negocio que sean los propios excluidos quienes pidan represión? Porque al final esa represión se la usará contra ellos mismos. Este es el juego. Lo que sí debe haber es orden. Y no hay nada que produzca mayor desorden que fuerzas de seguridad ejerciendo poder arbitrario: porque se corrompen, se desarman, se descomponen, resultan ineficaces. Ojo, eso es lo que quieren los que nos colonizan: desorden y violencia, Estados débiles, que incluso hasta pierdan el control territorial, como sucede en otros países de la región. Además, no hay nada mejor que tratar de que los excluidos, los criminalizados, los victimizados, pertenezcan al mismo sector social excluido. Y que los humildes también sean los policías. Así, mientras todos se matan, nadie se pone de acuerdo con nadie y no pueden dialogar y tampoco protestar ni asumir posiciones conformes a sus reales intereses. La violencia siempre es funcional al poder, porque impide la coherencia en la defensa de los intereses reales. «
