El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, consideró que “condenan” a los consumidores y “generan una desigualdad tremenda entre los usuarios” al fallo de segunda instancia que inhibe al Gobierno de poner topes a los aumentos en los servicios de internet, telefonía fija y móvil y TV paga.

“Las grandes empresas han encontrado en esta Sala II de la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de cobrar lo que quieran aunque el decreto esté vigente y fue ratificado por ley, y no fue declarado institucional”, consideró López sobre la resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

En este sentido, afirmó: “Dos personas -en referencia a los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, que votaron a favor de la suspensión de la aplicación del DNU 690- deciden por 45 millones de argentinos, deciden por el Poder Ejecutivo, por el Congreso Nacional y no dijeron que el DNU es inconstitucional sino que ahora no se aplica”.

“La misma sala II que había otorgado la cautelar a Clarín anoche le otorgó la misma cautelar también a Telecentro y a Direct tv”, indicó López en diálogo con FM La Patriada.

Además, sostuvo que las cautelares dictadas por esa Sala por mayoría “rompen el mercado y generan una desigualdad tremenda entre los usuarios” porque “condenan a todos a pagar lo que las empresas decidan”.

EL DNU 690 declaró los servicios de internet, tv paga y telefonía fija y móvil como servicios públicos esenciales y en competencia, y fue ratificado por el Congreso Nacional el año pasado.

En diciembre último, el Enacom, en cumplimiento del decreto, emitió dos resoluciones: la creación de la prestación básica universal para los grupos socioeconómicos vulnerables, y el descongelamiento de los precios de los servicios con un incremento de 5% para el primer mes del 2021.

Todas las grandes empresas del sector iniciaron acciones judiciales para recuperar la capacidad de determinar los precios de los servicios libremente.

La cautelar de la sala II que suspende la aplicación del DNU y, por ende, la obligatoriedad de ajustar los precios a los aumentos autorizados por el Enacom genera una discriminación entre las tres empresas amparadas por la sala (Telecom, Telecentro y DirecTV) y el resto de las compañías (Claro, Telefónica, Supercanal y las miles de pymes y cooperativas) que cumplieron con los aumentos autorizados.

“Vamos a estudiar otros mecanismos para ver cómo revertir esto”, adelantó Gustavo López en la entrevista que brindó esta mañana, en la que subrayó que ese camino se buscará “más allá de la cuestión judicial”.

Por otro lado, aseguró a El Destape Radio, “No puede ser que cada vez que hay una ley que involucra a Clarín lo frenan años en la Justicia. Vamos a tomar otras medidas para que el decreto que regula las tarifas de Clarín sea efectivo”.