El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla lanzó una ofensiva para quedarse con todas las causas que involucran, directa o indirectamente, a la supuesta asociación ilícita por la que están presas cuatro personas, entre ellas el falso abogado Marcelo D’Alessio y el agente de inteligencia Rolando Barreiro. Además, rechazó por segunda vez en el día un planteo del fiscal rebelde, Carlos Stornelli, y llamó a prestar declaración testimonial a un ex socio del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y al candidato presidencial en suspenso y diputado nacional salteño Alfredo Olmedo.
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La batería de medidas y resoluciones firmadas por el juez son la primera reacción tras un frenético fin de semana en el que el espía Barreiro aportó una enorme cantidad de información; tanta, que después de declarar diez horas el sábado y seguir aportando datos el domingo pidió por segunda vez que se lo incorporara al régimen de imputado colaborador. El fiscal Juan Pablo Curi, que hasta entonces se había negado, se reunió a solas con él y delinearon el acuerdo que ahora deberá ser homologado por el juez.
Entre las medidas que dispuso Ramos Padilla figura la declaración testimonial de Gabriel Bouzat, socio de Rosenkrantz en un estudio que se identifica por el apellido de ambos. ¿Por qué el juez citó para el 4 de abril a Bouzat? Fuentes judiciales revelaron a Tiempo que el espía arrepentido Barreiro describió actividades de espionaje de la organización que investiga sobre el propio presidente del máximo tribunal.
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De la declaración de Barreiro sólo hay trascendidos confirmados extraoficialmente por fuentes que tienen interés directo en el desarrollo del expediente. Ramos Padilla hizo alusión a esa indagatoria muy tangencialmente en sus resoluciones de este lunes, especialmente para advertir que la organización que investiga y cuyas cabezas están cada vez más arriba, en el firmamento político, podría tener existencia desde antes de lo que hasta ahora se suponía. “Aquí se investiga un delito de carácter permanente, y existen elementos objetivos –más allá de los propios dichos de D´Alessio- que dan cuenta que la asociación ilícita investigada podría haber operado desde fechas muy anteriores al año 2016 (ver declaraciones de Rolando Barreiro, Cifuentes, entre otras)”, sostiene una de las resoluciones.
Ramos Padilla también llamó a declarar a Olmedo para el próximo jueves 11 de abril a las 12. Olmedo fue un frustrado “cliente” del falso abogado Marcelo D’Alessio; en el allanamiento al country Saint Thomas, en la localidad bonaerense de Canning, hallaron una carpeta en la que figuraba el eventual futuro gabinete que acompañaría al salteño: los también detenidos Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi en Seguridad, el abogado Rodrigo González en Justicia, Facundo Manes en Salud y en Economía, la duda: Carlos Melconián o Javier Milei.
El juez también pidió “copias de todas las declaraciones” del financista Leonardo Fariña cuando se convirtió en “arrepentido” acusador de funcionarios del anterior gobierno. Ramos Padilla quiere saber además “las fechas en las que prestó declaración indagatoria y la representación y/o asistencia letrada que tuvo en cada oportunidad”.
Fariña es un capítulo aparte de la declaración del arrepentido Barreiro. Describió de qué manera fue convencido para ocupar ese rol que puso en jaque a varios funcionarios y empresarios relacionados con el anterior gobierno, especialmente a Lázaro Báez. Dio detalles de una reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, a ese fin. Y también describió una controvertida situación que tuvo por víctima a la primera abogada de Fariña, Giselle Robles.
Sobre ella detalló tareas de inteligencia vinculadas con un automóvil de alta gama. Allí las versiones se entrecruzan: por un lado, Barreiro dio a entender que hubo tareas para quedarse con el vehículo, una suerte de oficina móvil de la letrada. Sin embargo, otras fuentes relatan una cena en la cual Fariña contó que su padre le había prestado el vehículo a Robles para facilitar sus traslados a la cárcel y ella interpretó que se trataba del pago de sus honorarios. En esa cena estaba Marcelo D’Alessio, quien preguntó si había un segundo juego de llaves del vehículo. Lo pidió y prometió “recuperarlo”, pero no lo consiguió. En al menos una ocasión desconocidos se presentaron en el garaje en el que Robles guarda el vehículo argumentando que habían pedido el ticket. Los playeros, que conocían a la abogada, no se lo permitieron. Desde entonces y por algún tiempo Robles sintió que la estaban siguiendo, con vehículos y motos. Como en la película “La vida es bella”, debió inventarles singulares juegos a sus hijos pequeños para que cuando subieran al auto se acostaran u ocultaran en el asiento trasero, para evitarles riesgos mayores.
De las decisiones adoptadas por Ramos Padilla se deduce, además, que el denunciante original e impulsor de la causa, el productor agropecuario Pedro Etchebest, está viviendo en Estados Unidos. Así quedó plasmado cuando el juez resolvió ampliar su testimonial mediante videoconferencia.
¿Qué argumenta Ramos Padilla para quedarse con todos los expedientes? Básicamente, que él investiga el delito más grave y que todas las causas podrían estar relacionadas entre sí. “El análisis de la norma impone, entonces, como regla primaria que el Tribunal que investiga el delito más grave sea el que intervenga en el caso. Por ende, se observa que el Juzgado Federal 9 ha procesado a Marcelo D’Alessio el día 6 de marzo del corriente, por el delito de extorsión; mientras este Tribunal resolvió, el día 25 de febrero del corriente, procesarlo en orden al delito de ‘asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de extorsión en perjuicio de Pedro Etchebest, en carácter de coautor’. En síntesis, aquí se investiga el delito más severamente penado; ello sin tener en cuenta las otras cinco declaraciones indagatorias llevadas adelante donde fueron imputados delitos de igual gravedad”.
En ese contexto, lanzó un aviso: puede haber más jueces o fiscales involucrados. “Cabe aclarar que la imputación formulada a un Fiscal que desempeña su cargo en el edificio de la calle Comodoro Py expone tan sólo una mínima parte de las más de treinta operaciones de espionaje ilegal detectadas en el marco de esta investigación, en las que también se encuentra imputado otro Magistrado de una distinta jurisdicción”.
Por vía indirecta, esa línea de investigación podría conducir hasta el juez Claudio Bonadio. El personaje clave, según Barreiro, es la abogada Alejandra Zizzias, muy vinculada con el abogado Alfredo “Fredy” Lijo y también con el empresario Mario Montoto, cuyo nombre aparece cada vez con más frecuencia en el expediente que tramita en Dolores. Barreiro, según trascendió, identificó a Zizzías como una suerte de nexo con Bonadio, tomando contacto con algunos de los empresarios imputados en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
Para ser arrepentido, Barreiro (y cualquiera en su lugar) deben aportar información que permita avanzar hacia jerarquías superiores dentro de la organización. ¿Quién? La declaración menciona reiteradamente a la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani.